Piden a gobernadora remoción de fiscal de Aguascalientes por presuntas violaciones a derechos humanos

El Observatorio de Violencia Social y de Género señaló que el fiscal del Estado durante 6 años ha incurrido en actos que obstaculizan el acceso a la verdad

Teresa Jiménez Esquivel, la alcaldesa de Aguascalientes. (Cuartoscuro / Archivo)
Liberto Ureña
Aguascalientes /

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género se exigió la remoción del Fiscal del Estado, Jesús Figueroa Ortega, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El Observatorio de Violencia Social y de Género señaló que el fiscal del Estado durante 6 años ha incurrido en actos que obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia y a la no repetición para las víctimas de la violencia.

Por ello, manifestaron que enviaron un oficio a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, en la que se pide, con argumentos jurídicos y de derechos humanos, aplicar su facultad para la remoción del Fiscal del Estado.

Lo anterior, señalaron que se pide con base en su proceder en las investigaciones iniciadas en el 2023 por el feminicidio de Cynthia Nathali, cuya muerte violenta ocurrió el 24 de enero, el feminicidio de Nidia, cuyo asesinato se perpetró el 6 de noviembre, y el asesinato de Ociel Baena, y Dorian Daniel, ocurrido el 12 de diciembre.

“En el curso de las investigaciones, Jesús Figueroa Ortega ha violentado el debido proceso al presentar información contenida en las carpetas de investigación ante medios de comunicación, buscando justificar su actuar”, citaron en un comunicado.

Asimismo, indicaron que ha estigmatizado a las víctimas y sus contextos, contraviniendo con ello ordenamientos locales, nacionales e internacionales contra la discriminación, la estigmatización, y la criminalización.

Hicieron un llamado social para sostener la exigencia de la remoción del Fiscal General del Estado de Aguascalientes y exigieron que se revisen los perfiles de quienes buscan ocupar los cargos de las instancias de procuración y administración de justicia, a fin de que ninguna persona con antecedentes de violaciones a derechos humanos acceda a estos espacios.


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