El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), José Luis Vázquez, refirió que de aplicarse el Plan B electoral habría una afectación del 85 por ciento en el personal que se tiene.
“El llamado plan B nosotros como institución sí tenemos preocupación, pues prevé que los miembros del servicio profesional electoral nacional dejen de prestar sus servicios como tales. Se les nombra vocales o vocalías con cinco personas y al INE le ha costado 30 años formarlos”.
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Indicó que ocurriría algo similar a la administración pública en el sentido de que se volvería a empezar con los relevos de algunos cargos dentro del instituto, lo cual abre la puerta a improvisaciones.
Añadió que no hay garantías en torno al personal administrativo que actualmente labora dentro del órgano electoral.
“No necesariamente, pues al desaparecer las vocalías mucho del personal ya no tendría razón de ser”.
Dijo que una vez publicada la ley se tendría que acatar y los trabajadores en su momento acudirían a defender en tribunales sus fuentes laborales.
“El problema es que haya gente que sepa. El tema del derecho electoral es complejo y hay muchas variantes y esta normatividad la tenemos que tener a la mano para la operación diaria y generar procesos electorales confiables”.
Aunado a eso, el Plan B pretendería, dijo, que los espacios para el trámite de la credencial de elector sean puestos por la función pública.
“El plan B prevé que los mexicanos en el extranjero ejerzan su voto a través de documentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, agregó.
aarp