Más de 300 millones de pesos de recursos públicos federales desaparecieron de las arcas del gobierno municipal de Solidaridad, Quintana Roo, sin que ninguna autoridad sepa dónde están o en qué se usaron.
Se trata del boquete financiero más grande a nivel municipal identificado en el último informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la auditoría realizada por la ASF, el ayuntamiento de Solidaridad, entonces encabezado por la morenista Laura Beristáin, adquirió en 2021 cuatro camiones de bomberos, 26 patrullas, 178 contenedores de basura y más de una tonelada de emulsión para bacheo, para beneficio, principalmente de su cabecera, Playa del Carmen, en una transacción presuntamente irregular.
La auditoría al municipio arrojó que el ayuntamiento pagó esos contratos con dinero sobrante de las participaciones federales que se le transfirieron en 2020.
Es decir, en vez de regresarlos a la Tesorería de la Federación, el gobierno municipal decidió utilizar esos remanentes del 2020 para el pago de dichos bienes adquiridos durante 2021, un manejo de recursos que viola lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Lo peor es que, de acuerdo con el informe, de los más de 300 millones de pesos que la Federación le transfirió al gobierno municipal para que los ejerciera en 2021, se desconoce su destino, pues no hay evidencia de que hayan sido ejercidos por el ayuntamiento encabezado por Beristáin.
Cuando en 2022, la ASF solicitó al actual gobierno municipal, ahora encabezado por Lili Campos, que presentara evidencia documental del uso de ese dinero, como parte de la fiscalización a la administración anterior, no encontró documentos para justificar el uso de esos recursos.
Así, los 326 millones 667 mil 900 pesos que la Federación entregó al municipio de Solidaridad en 2021, sin que se conozca su paradero, es el presunto desfalco más grande identificado en la Cuenta Pública de ese año en un gobierno municipal, de acuerdo con la información de la base de datos de la ASF.
Por ello, el informe de la ASF solicitó al ayuntamiento aclarar el destino de ese monto y además, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes para sancionar a quienes hayan hecho mal uso del dinero.
MILENIO contactó a Laura Beristáin, quien fue presidenta municipal de Solidaridad durante el año del presunto uso irregular de los recursos y hoy es regidora del mismo municipio, pero aseguró que no tenía autorizado conceder una entrevista sobre el tema.
Y aunque ofreció dar una declaración por escrito a través de su equipo de trabajo, al cierre de esta edición no se recibió ningún documento de su parte.
Adicionalmente, MILENIO solicitó al actual gobierno municipal de Solidaridad un posicionamiento sobre el asunto, pues es a las autoridades actuales a las que les corresponde atender los requerimientos de la ASF.
Sin embargo, ni la alcaldesa Lili Campos, ni la secretaria general Kira Iris, ni la contralora Leisly María Ávila concedieron una declaración al respecto.
Los contratos
En total, el gobierno municipal utilizó 42.5 millones de pesos de los remanentes de 2020 en las adquisiciones realizadas durante 2021.
Por dos pipas y dos carros de ataque que sirvieron para reforzar la flota vehicular de los bomberos de Playa del Carmen, el ayuntamiento encabezado por Beristáin gastó 15.2 millones de pesos en un contrato firmado con la empresa Comercializadora QFT, SA de CV, que ganó la licitación pública convocada para ello.
MILENIO visitó la central de bomberos de Playa del Carmen y constató con el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos la adquisición y utilidad de los vehículos.
Además de que con las dos pipas tienen ahora más capacidad para transportar agua para atender emergencias, los vehículos de ataque rápido les permiten moverse con mayor facilidad que con el coche escala en el tráfico de la ciudad.
“La facilidad de movernos y hasta podemos decir la comodidad que tienen estos camiones es buena”, aseguró Richard Barrios, superintendente de la central de bomberos de Playa del Carmen.
A la empresa 399 Project Development SA de CV, el ayuntamiento le pagó 14.7 millones de pesos por 26 patrullas, entre camionetas y vehículos Sedan.
A Rayo Peninsular SA de CV se le pagaron 3.9 millones de pesos por 178 contenedores de basura, algunos de los cuales MILENIO pudo constatar que fueron colocados en calles del centro de Playa del Carmen.
Mientras que por más de una tonelada de emulsión para bacheo se contrató a Sanova Construcciones SA de CV, por un costo máximo de 8 millones de pesos.
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