La Plataforma México de Clima y Energía (PMCE) anunció su apoyo a la decisión del gobierno del estado de Jalisco y la presidencia municipal de Juanacatlán; así como del presidente municipal de La Paz, Baja California Sur, para no permitir la construcción de plantas de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles en sus comunidades.
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“La PMCE apoya la decisión del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio de Juanacatlán para no permitir la instalación de una planta de generación de electricidad basada en energías fósiles que produciría 2.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, en medio de la emergencia climática que estamos viviendo”.
La PMCE es un conjunto de organizaciones y asociaciones dedicadas a promover la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proponer políticas públicas para descarbonizar las actividades económicas del país en congruencia con el Acuerdo de París.
De acuerdo con las ONG, dicha planta también emitiría un gran volumen de óxidos de nitrógeno que contribuirían al incremento de las concentraciones de ozono en la región y consumiría grandes volúmenes de agua que son necesarios para consumo humano y para la producción de alimentos.
Asimismo, el PMCE destacó la decisión de la presidencia municipal de La Paz, Baja California Sur, ante la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar una planta de generación a base de combustóleo, con una emisión de 220 mil toneladas de GEI al año que, además, incrementaría la concentración de contaminantes locales, como bióxido de azufre y partículas tóxicas, altamente dañinas a la salud de los habitantes de La Paz.
“La potencial construcción de estas plantas no es aceptable, cuando existen alternativas con energías renovables que no producen emisiones de GEI y contaminantes locales dañinos para la salud, y que tienen un costo de generación (nivelado) más barato, que implicaría menos costos tanto para la CFE como para la sociedad”.
Las organizaciones señalaron que los compromisos signados por nuestro país ante el Acuerdo de París y las disposiciones de la Ley General de Cambio Climático obligan al gobierno y sociedad a disminuir al menos el 22 por ciento de las emisiones de GEI esperadas para 2030.
“Este compromiso debe ser incrementado en 2020, en cumplimiento de las disposiciones de dicho acuerdo para proponer metas más ambiciosas cada cinco años. Sin embargo, la continua promoción de plantas de generación con combustibles fósiles y las políticas recientes en contra de las energías renovables impulsadas por la Secretaría de Energía (SENER) y la CFE, pondrán en serios riesgos el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales”, alertaron.
kvd