Durante la madrugada de este domingo 20 de agosto, policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se presentaron alrededor de las 24:30 horas para desalojar a campesinos del ejido San Antonio de los Bravos que emprenden la defensa de una franja de 6 mil metros cuadrados que se mantiene con medida cautelar y para la cual les fue concedido un juicio de amparo.
La socióloga y activista Elia Estada Macías precisó que durante la madrugada los uniformados incluso golpearon a la menor Cristen Regina, nieta de la presidente del comisariado ejidal, María del Rosario Vargas Leos, luego de que la adolescente intentó defender a su familiar, Saúl Gutiérrez Medina.
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La franja que se mantiene en disputa legal se ubica en el periférico Raúl López Sánchez, a un costado de la Casa Hogar DIF Torreón.
“La medida cautelar se encuentra dentro del expediente 645/2013, radicada en el Tribunal Agrario del Distrito seis con sede en Torreón. Se les intentó desalojar de una franja de 6 mil metros cuadrados por elementos de Seguridad Pública de Torreón. El ejido San Antonio de los Bravos mantiene además el juicio de amparo 271/2023”, refirió Elia Estrada, integrante de la Central Campesina Cardenista.
No es la primera vez que los ejidatarios se enfrentan a acciones consideradas ilegales por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal toda vez que el pasado 25 de marzo agentes desmantelaron un campamento que los campesinos instalaron para defender un predio ubicado en la prolongación de la avenida Bravo a poca distancia del periférico en Torreón.
Durante el año en curso, los campesinos han tomado la iniciativa de defender tierras de uso comunal que quedaron exentas de la venta. Estrada Macías, confirmó que en ambos hechos los policías no mostraron una orden.
La asesora en materia agraria dijo que durante veinte años ha acompañado a los integrantes de este ejido y recordó que cuando los ejidatarios entraron en un esquema empresarial dentro de la sociedad Ciudad Nazas-San Antonio, entre julio y agosto del año 1994, aportaron 535 hectáreas, más no así la totalidad.
En el expediente 645/2013 la defensa de los campesinos solicitó una medida precautoria que se otorgó por el magistrado Eduardo Covarrubias. Esa medida cautelar es vigente y dice textual: Gírese oficio al Director del Registro Público de la Propiedad en Torreón, Coahuila, para que realice las anotaciones relativas derivadas de la demanda planteada por Aurora Luévanos Lazarín y otros, y además se abstenga de realizar nuevas inscripciones al respecto a las operaciones de compraventa realizadas sobre terrenos de la sociedad mercantil “Ciudad Nazas San Antonio, S.A de C.V”.
De igual manera refiere que se “Gire oficio al presidente municipal de H. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, así como al director de Desarrollo Urbano, para que se abstengan de otorgar nuevas licencias de construcción, fraccionamiento y vivienda en los lotes del terreno, macrolotes o solares urbanos de la Sociedad Mercantil aludida.
Es por ello que después de la primera intervención del ayuntamiento a través de la policía municipal en un litigio agrario con la finalidad de favorecer a los constructores, la defensa de los campesinos aseguró que se impulsaría un juicio político contra el alcalde Román Alberto Cepeda González y el ayuntamiento de Torreón, en tanto continúa la defensa.
aarp