Cuatro policías acusados de secuestrar a un padre y su hijo van a prisión en Tijuana

Los agentes exigieron un rescate de medio millón de pesos, el cual, fue pagado con ayuda de familiares.

Fiscalía Regional de Tijuana | Especial
Said Betanzos
Tijuana /

Cuatro policías fueron ingresados a la penitenciaría de La Mesa, Tijuana, luego de que un juez modificara la medida cautelar a la que estaban sujetos mientras enfrentaban un proceso penal por presuntamente secuestrar a un niño y su padre.

El juez local los citó a comparecer al estrado para continuar la audiencia por el delito cometido el 4 de julio de este año. Durante la sesión, se les notificó el cambio de medida cautelar de libertad bajo firma a prisión preventiva.

La decisión se tomó luego de que un juez federal les negó un amparo contra la orden de aprehensión por secuestro exprés agravado, un delito que se agrava por tratarse de servidores públicos.

Son siete los agentes implicados, pero solo se citó a Eduardo G. P., Raúl D. A., Enrique Manuel A. G. y Daniel L. A. Estos policías habían obtenido previamente una suspensión provisional que les permitió permanecer en libertad mientras se resolvía su solicitud de amparo, el cual fue finalmente denegado al ser un delito grave de persecución oficiosa.

Según las declaraciones de la víctima a MILENIO, los policías interceptaron al empresario y a su hijo cuando salían de su domicilio en la colonia Mariano Matamoros. Los agentes exigieron un rescate de medio millón de pesos, el cual fue pagado esa misma noche con ayuda de familiares.

En su defensa, los acusados aseguraron que en el momento del incidente se encontraban en un curso de capacitación en la Dirección de Policía. Sin embargo, las autoridades detectaron inconsistencias en sus declaraciones al rastrear las unidades oficiales mediante GPS.

A pesar de estar bajo investigación por el secuestro, los siete agentes continuaron trabajando en la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal y patrullaban las calles.

Fue hasta el cambio de gobierno y de titulares de la corporación que la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana los reasignó a labores administrativas. Posteriormente, la Sindicatura ordenó su suspensión laboral, y ahora la Comisión de Desarrollo Policial analiza darlos de baja definitiva tras un proceso administrativo.

LG

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