La Red de Formadoras Kualinemilis AC y diversas organizaciones, grupos de apoyo y colectivas en favor de las mujeres condenaron el actuar de la jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba, quien ordenó la liberación de Lili o María Hilda 'N', presunta explotadora de mujeres indígenas de la Sierra Norte de Puebla, al afirmar que hubo errores en su detención y debía retomar su libertad.
Mediante un comunicado, las organizaciones señalaron que el veredicto de la jueza pone en peligro a T. E. O., mujer que hace un año denunció a María Hilda, también conocida como Lili, ante la Fiscalía General del Estado por sufrir maltrato de su parte mientras trabajaba para ella en situaciones inhumanas, bajo amenazas y sin salario.
"La víctima que fue rescatada hace un año, y quien logró interponer una denuncia, ahora se encuentra revictimizada y las autoridades han puesto en riesgo su vida al dejar en libertad a su agresora. De esta forma, una vez más, las autoridades le han fallado a una mujer indígena, que no tiene recursos y que durante tres años vivió este calvario, y además, ha tenido que esperar un año para el proceso de detención de su agresora, todo para que unas horas después y por incompetencia de las autoridades responsables esta vuelva a obtener su libertad".
Las organizaciones afirmar que luego de darse a conocer la detención de María Hilda 'N', varias mujeres alzaron la voz para denunciar que también fueron víctimas de una red de trata de personas que la acusada aparentemente encabeza.
"Lo anterior, expone la gravedad de la situación y presume una forma de trata de personas con fines de explotación laboral que ha vulnerado principalmente a mujeres indígenas de Puebla, desde hace al menos, 15 años, a través de promesas y engaños a mujeres empleadas del hogar. Las víctimas de este delito, mencionan haber logrado escapar, y vivir con miedo por las represalias que su agresora pueda tomar".
Entre los testimonios expuestos, los cuales permanecen bajo la figura del anonimato, el común denominador es que María Hilda 'N' ofrecía empleo a mujeres indígenas para desempeñarse como trabajadoras del hogar en Puebla capital; sin embargo, las mantenía privadas de su libertad, sin comer, sin pago por sus servicios y, en algunos casos, amenazadas de muerte.
La circular expone que las autoridades judiciales no solo han vulnerado el derecho de T. E. O. y otras víctimas de trata de personas a recibir justicia por los atropellos en su contra, sino también que le han brindado las facilidades a María Hilda 'N' para que huya del país al saber que hay una denuncia en su contra.
"Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con los derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas, y por ello, señalamos que representan una forma de violencia todas aquellas conductas que sostienen la explotación de mujeres que son obligadas a trabajar jornadas en condiciones de esclavitud y vulnerando todos sus derechos humanos".
Por tal motivo, solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipales "actuar en consecuencia" para que los derechos de las mujeres sean una garantía sin distinción de clases sociales y origen, ya que en el caso de las trabajadoras del hogar, la mayoría labora en la informalidad.
CHM