A cuatro años de los hechos violentos que marcaron uno de los episodios más tensos entre comunidades indígenas y fuerzas de seguridad en Puebla, un Tribunal de Enjuiciamiento determinó absolver y ordenar la liberación de 10 elementos de la Policía Estatal que enfrentaban cargos por la muerte de tres habitantes de Coyomeapan, entre ellos un adolescente de 15 años.
La resolución judicial corresponde al proceso derivado del enfrentamiento ocurrido el 9 de mayo de 2022 en el paraje Cobatzolo, perteneciente al municipio de Zoquitlán, donde civiles originarios de Coyomeapan y agentes estatales se vieron involucrados en una balacera que dejó además varios lesionados y detonó una crisis social en la Sierra Negra poblana.
Fuentes relacionadas con el caso señalaron que la audiencia de juicio oral se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, fecha en la que el Tribunal analizó los elementos de prueba presentados tanto por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla como por las defensas particulares de los uniformados. Tras la valoración del material ministerial, los jueces concluyeron de forma unánime que no existían pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal contra los acusados.
Los policías beneficiados con el fallo absolutorio son Alberto 'N', alias Campos; Carlos 'N'; Bernabé 'N'; José Javier 'N'; Luis Antonio 'N'; Jesús 'N', conocido como El Chino; Moisés 'N'; Jonathan Iván 'N'; Abdo Israel 'N'; y Genaro 'N', quienes anteriormente habían sido vinculados a proceso por delitos como homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y delitos contra la administración de justicia.
Con esta resolución, estos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) podrían iniciar trámites internos para reincorporarse a sus funciones dentro de la corporación policiaca.
Hay que recordar, que como en su momento MULTIMEDIOS Puebla le informó, las víctimas mortales de aquel operativo fueron Marcelo, de 45 años; Teófilo, de 24; y Omar Herrera, un menor de apenas 15 años de edad, cuyos fallecimientos generaron indignación entre pobladores de Coyomeapan, activistas y organizaciones indígenas que denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales.
Desde un inicio, las versiones sobre lo ocurrido fueron contradictorias. El entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, sostuvo públicamente que los policías acudieron a atender el reporte de personas armadas que viajaban en una camioneta roja y que, al intentar intervenir, fueron recibidos a balazos por civiles armados. Según la versión oficial, los agentes repelieron la agresión después de que la unidad incluso intentó embestir patrullas estatales antes de quedar atorada en una brecha.
Sin embargo, habitantes de Coyomeapan y miembros de la organización Unidad por Coyomeapan señalaron una narrativa completamente distinta. Abraham 'N', identificado como uno de los representantes del movimiento comunitario, aseguró que los ocupantes de la camioneta regresaban de una reunión relacionada con rondines vecinales y actividades patronales cuando fueron interceptados presuntamente por policías estatales, quienes habrían iniciado la agresión armada.
Incluso, tras los hechos, pobladores difundieron videos y testimonios donde agentes de la Guardia Nacional señalaban que las víctimas eran habitantes de la región y que los policías estatales se habían retirado del sitio después del enfrentamiento. Dicho material incrementó la presión social sobre el caso y alimentó las acusaciones de abuso policial.
El conflicto escaló rápidamente y derivó en protestas, bloqueos carreteros y manifestaciones en distintos puntos del estado y del país. Integrantes de Coyomeapan llevaron sus reclamos hasta Palacio Nacional, donde denunciaron persecución política, represión y presuntos abusos relacionados con el conflicto político interno del municipio y el señalamiento de un supuesto cacicazgo ligado a la familia Celestino Rosas.
Tras los hechos violentos, la comunidad mantuvo durante meses restricciones al ingreso de autoridades estatales y federales, permitiendo únicamente el acceso eventual de instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional para investigaciones específicas. En ese periodo, grupos comunitarios asumieron funciones de vigilancia y control interno, mientras persistía el clima de tensión entre pobladores y autoridades.
Aunque el fallo absolutorio cierra momentáneamente el proceso penal contra los policías involucrados, el caso continúa siendo motivo de controversia en la Sierra Negra, donde familiares de las víctimas y organizaciones sociales mantienen cuestionamientos sobre lo ocurrido aquella tarde de mayo y sobre el actuar de las corporaciones de seguridad estatales.
CHM