M+.-El complejo panorama de la seguridad pública en Tamaulipas enfrenta un desafío que trasciende la logística y el presupuesto: el factor humano.
El consumo de sustancias estupefacientes se ha consolidado como el principal obstáculo para el fortalecimiento y la expansión de las fuerzas de seguridad en la entidad, convirtiéndose en el filtro más difícil de superar para quienes aspiran a portar el uniforme.
De acuerdo con los indicadores más recientes de la Secretaría de Seguridad Pública, el 35 por ciento de los aspirantes a ingresar a las filas de la Guardia Estatal son rechazados tras reprobar los exámenes toxicológicos, siendo este el factor de mayor incidencia negativa dentro de los procesos de selección y reclutamiento.
Carlos Arturo Pancardo Escudero, titular de la dependencia, calificó esta cifra como uno de los factores críticos que más inciden en el estancamiento del estado de fuerza. A pesar de la contundencia de estos datos, el funcionario aseguró que el flujo de candidatos enviados a evaluación se mantiene constante, aunque los resultados no siempre son los esperados por la institución.
Exámenes de control y confianza, el principal filtro
El rigor de las pruebas ha mostrado variaciones extremas dependiendo de los periodos de captación; en lapsos de alta exigencia, la tasa de rechazo ha llegado a alcanzar hasta un alarmante 60 por ciento.
No obstante, recientemente se ha registrado una ligera tendencia positiva en las estadísticas, logrando que el 55 por ciento de los reclutados supere satisfactoriamente la totalidad de las pruebas de ingreso para iniciar formalmente su formación profesional en las academias correspondientes.
Dentro del universo de personas dictaminadas como “no aptas” para el servicio policial, el factor toxicológico predomina con una diferencia notable sobre otras causas de descarte. El hecho de que el 35 por ciento de los postulantes resulte positivo al consumo de alguna sustancia ilícita conlleva una consecuencia administrativa inmediata: son dados de baja del procedimiento de manera irrevocable.
Este filtro no es discrecional, sino que responde a la normativa vigente.
Para ingresar a la corporación, todo interesado debe someterse y aprobar cinco evaluaciones exhaustivas que forman parte de los exámenes de control y confianza.
Estos procedimientos son obligatorios según lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y comprenden una revisión médica integral, el examen toxicológico, una evaluación psicológica, la prueba poligráfica y una detallada investigación socioeconómica que analiza el entorno y el patrimonio del candidato.
Consumo de drogas impacta a jóvenes tamaulipecos
El objetivo central del “doping” o examen toxicológico es detectar de manera científica la presencia de drogas ilegales o fármacos de uso controlado que posean el potencial de generar adicción, alteraciones crónicas en el sistema nervioso o afectaciones generales a la salud.
Para la institución, un resultado positivo es un indicador de riesgo inaceptable, ya que el consumo de sustancias vulneraría directamente el desempeño de las funciones policiales, la capacidad de reacción y la integridad necesaria para el manejo de armas y la toma de decisiones en situaciones de crisis.
Lo que ocurre en los centros de reclutamiento de la policía no es un fenómeno aislado, sino un síntoma visible de una crisis de salud pública sobre la que las autoridades locales han alertado de manera constante.
Los datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Salud aplicada en los hogares tamaulipecos reflejan un panorama preocupante: existe un aumento del 20 por ciento en el consumo de drogas en el estado, con una incidencia particularmente alta entre la población joven.
Este incremento generalizado en la sociedad civil se filtra inevitablemente hacia las instituciones cuando los jóvenes buscan empleo en las fuerzas del orden.
El estudio de salud también ha identificado las motivaciones que empujan a los adolescentes hacia las sustancias; se detectaron tres razones recurrentes: la experimentación por curiosidad, la imitación de patrones de conducta de personas cercanas y el deseo de utilizar las drogas como mecanismo de evasión ante problemas familiares o entornos domésticos disfuncionales.
Metanfetaminas, entre las drogas de mayor impacto
El diagnóstico elaborado por el Centro de Integración Juvenil en Tamaulipas aporta datos aún más específicos sobre la profundidad de esta problemática.
La edad promedio de inicio en el consumo de drogas ilícitas en la entidad se ha registrado en los 17.1 años, lo que explica por qué gran parte de los aspirantes, quienes suelen ser adultos jóvenes, ya arrastran antecedentes de consumo.
De hecho, el 46.4 por ciento de los encuestados refirió haber iniciado el uso de sustancias entre los 15 y los 19 años.
En cuanto a las sustancias de inicio, el cannabis encabeza la lista con un 66.3 por ciento, seguido de las metanfetaminas con un 13.2 por ciento y la cocaína en su forma de clorhidrato con un 8.7 por ciento.
La peligrosidad de estas sustancias se refleja también en el impacto que generan en la vida de los usuarios.
Entre las drogas a las que se atribuyen mayores daños en la salud, el bienestar familiar y el desempeño laboral o académico, conocidas como drogas de mayor impacto, la metanfetamina ocupa el primer lugar con un 30.8 por ciento, seguida del cannabis con 25.3 por ciento y el alcohol con 12.4 por ciento.
Los registros de consumo en el último mes mantienen esta tendencia, con porcentajes que evidencian la disponibilidad de las sustancias: alcohol (48.0%), tabaco (46.2%), cannabis (35.5%), metanfetaminas (23.6%) y clorhidrato de cocaína (8.4%).
Ante esta realidad, se han identificado 138 colonias de alto riesgo en municipios estratégicos como Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria, las cuales fueron designadas como zonas de atención prioritaria para la intervención gubernamental en el periodo 2024-2030.
Reclutamiento insuficiente y bajas en la corporación
Más allá del obstáculo de las adicciones, el reclutamiento en Tamaulipas enfrenta barreras administrativas y económicas que impiden alcanzar las metas establecidas.
Pancardo Escudero señaló que la excesiva demora en los procesos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C3) genera una deserción considerable de aspirantes que sí son aptos.
Muchos ciudadanos, que acuden a la convocatoria motivados por una necesidad económica urgente, optan por abandonar el proceso debido a que no cuentan con los recursos para costear su manutención durante el tiempo de espera entre la solicitud inicial y la aplicación de las evaluaciones oficiales, lo que debilita significativamente la efectividad de las campañas de captación de talento.
Las estadísticas más recientes de la Secretaría de Seguridad Pública detallan que, de un total de mil 389 aspirantes registrados para incorporarse a la Guardia Estatal, Cuerpos de Vigilancia y Custodia, solo 341 resultaron aptos tras el riguroso proceso de depuración y exámenes de confianza.
De ese grupo, apenas 288 lograron completar satisfactoriamente su formación inicial en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).
La distribución final de estos nuevos elementos fue de 228 para la Guardia Estatal, 51 para el sistema penitenciario como custodios y nueve como guías técnicos.
Tamaulipas mantiene déficit de policías
Sin embargo, este flujo de nuevos elementos resulta insuficiente para compensar el desgaste de la corporación.
En el mismo periodo analizado, la Guardia Estatal registró 715 bajas derivadas de distintos motivos, como defunciones, incapacidades médicas permanentes, remociones por faltas graves al régimen disciplinario, renuncias voluntarias o separaciones por incumplir con los requisitos de permanencia.
La situación podría agravarse, ya que actualmente existen 231 policías bajo investigación por la Dirección de Asuntos Internos.
Con una nómina actual de seis mil 178 empleados, de los cuales solo cuatro mil 514 ostentan el cargo de policías y únicamente tres mil 856 realizan funciones operativas reales en las calles —mientras 658 permanecen comisionados en áreas administrativas—, Tamaulipas suma cuatro años con un estado de fuerza estancado.
A pesar de que desde hace más de seis años se busca alcanzar una meta de seis mil elementos operativos reales, la cifra se mantiene lejana frente a la promesa del actual gobierno de cerrar la administración con seis mil 500 efectivos, una necesidad urgente ante la demanda social de mayor vigilancia y patrullaje en los municipios del estado.