Fermín Flores, defensor de los padres de los cinco recién nacidos que fallecieron en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el instituto está obligado a realizar una indemnización a las familias afectadas.
“El Instituto tiene que hacerse responsable y hacer una indemnización, con efecto de resarcir de cierta forma. Te repito, el dinero no compra ninguna vida, pero sí es una obligación que tiene, en este caso, el IMSS”, señaló.
Explicó que, de acuerdo con la legislación, el monto de la indemnización se establece en cinco mil salarios mínimos.
“La ley establece, por así decirlo, se cuantifica en cinco mil salarios mínimos, pero, te repito, si nos preguntamos como personas, como abogados, a cualquier persona que le preguntemos, una vida no tiene precio. Pero lo que sí sabemos es que existe una obligación”, expuso.
Investigación de la FGR continúa
El abogado señaló que actualmente continúa la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que esperan que el caso pueda ser judicializado.
“En el tema de la FGR nos encontramos en una etapa que se llama investigación informal. No podemos opinar mucho al respecto de los avances que se tienen del lunes para acá.
"Hay que reservárnoslos. En cuestión del Seguro, sí se ha tenido contacto con ellos, con el IMSS, y comentarle a la sociedad: estamos trabajando como abogados, más que nada, para presionar para que exista algún tipo de política, reglamentos y protocolos para que ninguno de los padres que están acá, aquí en Durango, ni ninguno de los padres que están en el país, vuelvan a sufrir lo que sufrieron los papás de los bebecitos”.
Posibles penas por homicidio culposo
Flores comentó que la pena máxima por el delito de homicidio culposo que se investiga en este caso sería de 24 años de prisión; sin embargo, explicó que, por disposición legal, podría reducirse.
“Ese delito está contemplado en el Código Penal Federal, trae penalidades de 12 a 24 años de prisión. De acuerdo con el artículo 60 de dicho ordenamiento, se puede reducir hasta una cuarta parte, es decir, de tres a seis años. Pero eso ya depende de si llegamos a la instancia de un órgano jurisdiccional”.
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