El proyecto para construir una planta que produzca 2 mil 200 toneladas de amoniaco a diario en Topolobampo, Sinaloa, mantiene divididas a familias de comunidades de pescadores e indígenas.
Los pobladores temen por su vida ante una fuga del gas y por la afectación a la captura de camarón y jaiba de la que viven. Esta actividad la desarrollan en las bahías del Sistema Lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, sitio de importancia internacional por su valor ambiental.
La planta es uno de los 147 proyectos que forman parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, anunciado el martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que prometió a las comunidades afectadas que serían “los que decidan sobre la planta”.
De tal forma, la empresa celebró que “este anuncio del gobierno nos da certeza para agilizar su construcción y puesta en operación con estricto apego a la ley”. Se trata de un desarrollo de la suizo-alemana Proman, por medio de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), con una inversión total de mil 250 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).
En su estudio de riesgo, GPO prevé que, en caso de fuga por un orificio de 3.6 pulgadas de diámetro, el radio de afectación será mortal a 2 kilómetros a la redonda por la inhalación de ese gas tóxico, pero en caso de la ruptura total del ducto de acero, el radio de afectación será de 15 kilómetros a la redonda, alcanzando a Topolobampo, los campos pesqueros Lázaro Cárdenas y Paredones, el Maviri y Ohuira, principalmente.
Pero la empresa sostiene que ese estudio de riesgo es solo un mero trámite para implementar las acciones a fin de que no ocurra un evento catastrófico. “La probabilidad de que haya 10 por ciento de fuga es nula, tenemos un sistema de seguridad que es como una cebolla que vamos cerrando. Es prácticamente imposible”, aseguró Víctor Hugo Vaca Cuéllar, director de Desarrollo de Proyectos de GPO.
Los opositores, aglutinados en el colectivo Aquí No, han logrado frenar el proyecto por medio de seis amparos; rechazan la realización de una consulta pues puede “estar amañada”, así que demandan al Presidente cancelar definitivamente la construcción de la planta.
“Soy ciento por ciento pescador, esto es mi sustento y la planta está aquí donde pesco, como a unos dos kilómetros, y nos va a quitar toda esa área de trabajo, aparte de que van a contaminar la bahía”, expresó Milton Armenta, pescador de Lázaro Cárdenas.
El colectivo solicitó a la Semarnat revocar la autorización, lo que está en análisis; mientras que el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Aviña, destacó que “no es posible ubicar ahí la planta en un sitio Ramsar con ese riesgo”.
Diana Escobedo Díaz, investigadora del Departamento de Medio Ambiente del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN, quien participó en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental para GPO, es una de las principales opositoras al proyecto e impulsora del colectivo Aquí no.
“La bahía es una zona importante de acumulación de larvas de camarón, es zona de alimentación de tortugas y también es hábitat crítico para el delfín nariz de botella, donde se encuentran las madres con crías que no se ve en ningún otro lugar del sistema lagunar, por lo tanto no se recomienda ningún impacto adicional, de por sí ya afectado por la termoeléctrica que está extrayendo agua de esa zona para su enfriamiento”, dijo.
Aquí sí
La empresa sostiene que se trata de un proyecto sustentable, ya que continúa realizando los estudios para mitigar los impactos ambientales, como la creación de filtros para no atrapar larvas de camarón, e investigaciones, sobre aves, tortugas y cómo mejorar la calidad del agua. Posteriormente surgió otro grupo llamado Aquí Sí, que goza de los apoyos sociales que brinda la empresa.
“Estamos de acuerdo en que sí se haga, a parte por los beneficios que ha aportado a la comunidad, tanto a niños como a adultos mayores, ha habido muchas personas que han requerido cirugías, internamiento, hospitalización y gastos funerarios, son muchísimos apoyos los que han bajado a la comunidad y que el otro grupo no ha querido aceptar”, expresó Guadalupe Rivera, de la comunidad de Lázaro Cárdenas.
GPO reconoció que los amparos no son lo único que ha trabado la construcción de su planta, sino que no ha logrado firmar los contratos que requiere con Pemex para el uso de su muelle.
RLO