M+.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue el rastro de 40.7 millones de pesos de fondos federales que el gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya, no ha podido comprobar que se usaron de manera correcta y que estaban destinados a fortalecer, equipar y capacitar corporaciones policiales.
Una revisión de MILENIO al seguimiento que hace la ASF de las cuentas públicas desde 2022 muestra que el 91 por ciento de los 40.7 millones de pesos se concentran en cinco pliegos que exhiben irregularidades en la compra de vehículos y cascos balísticos, cursos para generar agentes de investigación, modificaciones en el gasto de seguridad y hasta el uso de recursos destinados a combatir el rezago social.
Así, mientras Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, durante su administración, que no logró concluir, dejó sin comprobar recursos para atender uno de los grandes problemas que padecen los sinaloenses: la inseguridad.
Menos unidades con costos elevados
El caso de mayor monto surgió en la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 2022, donde la auditoría observó irregularidades por 22.5 millones de pesos después de que el gobierno estatal compró menos vehículos y motocicletas de los programados, pero con sobreprecio.
Inicialmente, el gobierno estatal proyectó la compra de cinco motocicletas por un valor unitario de 240 mil pesos, pero terminó comprando tres por 400 mil pesos. Para corporaciones municipales contempló 26 vehículos a 569 mil 200 pesos cada uno, pero finalmente adquirió solo 14 por un millón 57 mil pesos por unidad.
La misma situación se presentó con vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, además de refrigeradores de laboratorio. La ASF determinó que el estado no justificó la reducción de unidades ni el incremento de precios y tampoco presentó la autorización federal requerida para modificar las cantidades y montos convenidos.
Capacitación policial no devengada
En esa misma auditoría fueron observados 3.8 millones de pesos por capacitación policial, luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pagó desde noviembre y diciembre de 2022 tres cursos a la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol).
Los cursos estaban destinados a formar a 27 aspirantes a Policía de Investigación, 24 peritos y 50 a preventivos municipales. La ASF concluyó que los servicios fueron pagados sin estar devengados y, aunque el gobierno estatal reintegró 380 mil pesos durante la revisión, los restantes 3.78 mdp dieron lugar posteriormente a otra acción.
Omiten evidencia de adquisición de cascos balísticos
Las irregularidades continuaron con recursos del FASP de 2023, cuando la auditoría observó otros 4.3 millones de pesos pagados a través de cuatro convenios con los que el gobierno estatal amplió las cantidades de bienes y servicios originalmente contratados para seguridad pública, sin justificar las modificaciones ni contar con la autorización del SESNSP.
En esa misma fiscalización fueron cuestionados otros 3.8 millones de pesos utilizados para comprar, mediante adjudicación directa, 520 cascos balísticos nivel III-A. El problema surgió cuando el gobierno estatal no entregó a los auditores el reporte fotográfico completo ni información sobre lotes de producción y números de serie.
La documentación faltante impidió a la ASF comprobar que los cascos balísticos hubieran sido recibidos y puestos a disposición de los policías, así como descartar que el equipo correspondiera a adquisiciones anteriores o hubiera sido comprobado con otra fuente de financiamiento.
Sin pruebas de entrega de equipo
La revisión de 2023 también reveló problemas para llevar el equipamiento hasta los elementos de seguridad, pues al momento de la auditoría permanecían almacenados 2 mil 494 uniformes para policía, mientras que tampoco pudo comprobarse la recepción y entrega final de otros 620 artículos destinados a personal de la Fiscalía General del Estado.
Recursos para obras sociales terminan en nómina
El quinto caso se aleja del gasto policial y corresponde a 2.77 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), recursos que deben dirigirse a obras y acciones para población en pobreza extrema o localidades con rezago social.
La ASF encontró que durante 2022 ese dinero fue registrado como gastos indirectos, aunque en realidad se utilizó para cubrir servicios personales del Capítulo 1000, es decir, nómina. Sinaloa presentó comprobantes para intentar solventar la observación, pero los auditores determinaron que estos acreditaban una relación patronal directa y no la prestación de un servicio específico.
Por ello mantuvo un probable daño por 2 millones 771 mil pesos, más los rendimientos financieros, que posteriormente también dio lugar a una nueva acción de fiscalización.
ksh