A cinco años de los sismos de 2017, empresas locales continúan con los trabajos de reconstrucción en diferentes puntos del estado de Puebla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) adeuda cerca de 60 millones de pesos a varias constructoras que participan en la intervención de inmuebles, monumentos históricos y templos religiosos que resultaron afectados.
Aunque en algunos casos ya concluyeron las obras de reparación, hay zonas donde continúan y en otras faltan acciones por desarrollar, comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Héctor Sánchez Morales.
Fueron más de 15 empresas constructoras locales agremiadas al organismo las que se sumaron a los trabajos de reconstrucción tras las afectaciones que generó el fenómeno sísmico de septiembre de 2017 con daños al patrimonio cultural, histórico y de servicios del estado.
En entrevista para MILENIO Puebla, el empresario reconoció que los trabajos de reconstrucción se han prolongado debido a diversos factores, entre ellos, el cambio de gobierno federal, la desactivación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y la restricción de actividades que implicó la emergencia sanitaria a causa del covid-19.
Conformes a datos del gobierno federal, el sismo de hace cinco años ocasionó daños a más de 621 inmuebles históricos, la mayoría templos religiosos de los siglos XVI al XIX, además de viviendas, monumentos históricos, hospitales y espacios educativos. El sismo del 19 septiembre de 2017 alcanzó una magnitud 7.1 en la escala Richter con epicentro a un kilómetro de San Felipe Ayutla, en Puebla.
El fenómeno afectó la región sur del estado, principalmente, municipios como Izúcar de Matamoros, Atlixco y Chiautla de Tapia, donde inmuebles y monumentos considerados patrimonio del estado resultaron afectados.
De acuerdo con el presidente de la CMIC en Puebla, empresas locales intervinieron en parte de los trabajos para proteger el patrimonio y, a la fecha “hay muchas cosas que se quedaron pendientes. En algunas quedaron con mantenimientos pequeños o apuntalamientos y otros que están en proceso de terminación de obras”.
Las constructoras intervinieron con mano de obra y maquinaria especializada alrededor de 70 inmuebles, entre edificios y templos sobre todo en la parte sur del estado y algunas en la ciudad de Puebla.
“Es el área que se estuvo trabajando. Hay algunas partes donde se hicieron intervenciones profundas y otras donde se hicieron apuntalamientos como en Izúcar de Matamoros, donde ahorita se está en un proceso de terminación en uno de los templos de esa zona, que fue la más afectada en su momento”, comentó el empresario.
Estos trabajos representaron alrededor de 120 millones de pesos que fueron cubiertos en su momento por constructoras locales; sin embargo, a la fecha se registra 50 por ciento y el pago por parte de la Federación ha sido a “cuentagotas”.
Sánchez Morales explicó que existe diálogo y disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para dar seguimiento a la intervención de inmuebles y se busquen fondos para cubrir el adeudo por el trabajo realizado.
Comentó que, en un proceso de revisión de expedientes sobre el sismo de 2017, se ha determinado la necesidad de nuevos proyectos debido a que, con el paso del tiempo hay inmuebles que continúan dañados y requieren mantenimiento.
Reveló que se buscan nuevos contratos para llevar a cabo estos trabajos a fin de proteger inmuebles históricos: “Se quedaron muchos pendientes. Templos que tienen apuntalamientos y que, definitivamente hay que atender. Hemos estado en constante comunicación con el INAH en diferentes temas, desde luego, en el tema pendiente del pago, pero también en temas por ejecutar, inclusive nuevos proyectos, desde iglesias o de infraestructura que se quedó sin atender. Poco a poco se ha ido desatorando el tema”.
Gestión de recursos
Con la desaparición de fondos federales, el INAH se dio a la tarea de gestionar recursos y comenzaron a cubrirse los pagos, pero hay proyectos de obra que requieren actualizarse.
A 2021, más del 60 por ciento del patrimonio histórico afectado habría sido intervenido con lo que más de 90 inmuebles faltan por atenderse, conforme a registros de la Federación.
“Se han tenido que hacer esfuerzos importantes para rearmar y reorganizar todos los expedientes que se tenían. Fotografías, proyectos ejecutivos, en este tiempo se ha estado retrabajando para ordenar, hay algunos ajustes que se han hecho en los presupuestos, algunos trabajos que han implicado más inversión y, el INAH, está haciendo un esfuerzo por reconocerlos. Hay otros presupuestos que se presentaron y, que a la hora de revisarlos no se habían hecho algunos trabajos, entonces se han estado ajustando, en ese proceso de comunicación vamos, creo que ha sido un esfuerzo de ambas partes tanto del gobierno federal como a través del INAH y a través de las constructoras a las que representamos”, apuntó el líder de la CMIC.
De esta manera, Sánchez Morales estimó que el pago por el programa de intervención al patrimonio por sismos podría verse concluido hacia 2024.
“El INAH ya pudo hacer pagos cerca del 50 por ciento, todavía queda otro 50 por ciento pendiente, pero estamos en pláticas y lo importante es que estamos trabajando todavía. No es el ritmo que quisiéramos, porque siempre todos estos procesos entre los cambios de gobierno, pero tenemos muy buena disposición por parte del INAH y vamos por la mitad. Tenemos pensado que iba a ser un proceso de dos a tres años, una parte en el 2022, la otra en 2023, y la otra en 2024 para totalmente liquidar pendientes del sismo”, señaló el líder de los constructores.
Cultura ante sismos es de reacción y no de prevención
De acuerdo con Eduardo Ismael Hernández, catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Puebla se encuentra en una zona que puede presentar riesgos de desastres por fenómenos geodinámicos.
Ante la presencia de sismos, el investigador destacó la importancia de que a nivel estado se cuente con programas de prevención, actualización de atlas de riesgos y construcciones diseñadas frente a estos fenómenos.
En lo anterior coincidió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Héctor Sánchez Morales al señalar que en Puebla existe una cultura de reacción y no de prevención ante sismos.
Consideró que en torno a los diferentes fenómenos naturales que han afectado al estado se ha propuesto a las autoridades la creación de un comité de Protección Civil en el que participen especialistas tanto del Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la CMIC, así como de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el Colegio de Valuadores con el propósito de coadyuvar en la identificación zonas de riesgo y definir acciones de respuesta ante cualquier eventualidad o situaciones de emergencia.
“Estamos siempre en una cultura de reacción y no de prevención y, en esto hemos tenido acercamientos con los gobiernos municipales y estatales como para poder insistir en este comité en donde participemos todos, proponiendo en los protocolos de reacción ante cualquier emergencia o situaciones naturales, llámese temblores, inundaciones, incendios. Creo que vale la pena insistir en esa propuesta de formar el comité de Protección Civil y fortalecer los protocolos de una emergencia”.
Al mismo tiempo, el líder de la CMIC destacó la necesidad de que se actualicen los Atlas de Riesgo en el estado a fin de prevenir situaciones que pueden poner en peligro a los habitantes del estado y el patrimonio.
En su momento, el presidente del Colegio de Ingenieros Puebla (Cicepac), Enrique García Fuentes, expuso que Puebla requiere de un mayor número de especialistas en la supervisión de obras. Mientras a nivel nacional se estima un registro de diez mil directores responsables de obra, en Puebla la cifra representa alrededor de mil especialistas, cifra que resulta insuficiente al considerar que se trata de una zona en riesgo sísmico.
AFM