Margarita González, gobernadora de Morelos, solicitó, a través de su jefe de oficina, que Uriel Carmona sea separado como fiscal general del estado.
Tras ser enviado el oficio a los legisladores locales, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Morelos y presidente de la Junta Política, Rafael Reyes Reyes, convocó a una reunión urgente para analizar el caso.
Este documento no es la primera solicitud enviada al Congreso estatal. En una petición previa dirigida a la presidenta del Legislativo, Jazmín Solano, el Poder Ejecutivo formalizó la exigencia de salida de Carmona Gándara, quien no solo ha sido un abierto adversario de la cuarta transformación, sino que también se confrontó con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, Carmona Gándara fue señalado por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de encubrir a los asesinos de la joven Ariadna Fernanda 'N' y de manipular pruebas para evitar que el caso se investigara como feminicidio.
Ese caso lo llevó a enfrentar tres procesos penales que derivaron en prisión preventiva. También estuvo encarcelado por su presunta participación en la tortura de un aparente criminal apodado El Diablo, permaneciendo en prisión casi dos meses, uno de ellos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Carmona Gándara también fue señalado por presuntamente proteger al ex gobernador Graco Ramírez y por mantener una confrontación con el ex mandatario Cuauhtémoc Blanco, lo que incluyó investigaciones contra funcionarios cercanos a este último e incluso contra periodistas, a quienes supuestamente les fabricó delitos para perseguirlos.
Se le acusa de importantes desvíos de recursos y de haber tejido una red política y criminal.
Pese a ello, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, MC y NA evitaron su destitución, aun cuando ya había estado en prisión. No solo lo protegieron, sino que le permitieron regresar al cargo.
Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia ha insistido en que el funcionario debe dejar el puesto, no solo por su prolongada permanencia de siete años, sino también debido a su inacción.
Prueba de ello es la falta de conclusión en más de cincuenta casos de alto perfil que siguen sin resolverse.
MO