Desde hace tres meses, se retiraron las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de María Soledad Hernández Mena, hija del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en 2013 presuntamente a manos del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
El crimen perpetrado contra Hernández Cardona es el caso más sólido por el que el ex primer edil de Iguala permanece en prisión, debido al testimonio de Nicolás Mendoza Villa, también integrante de la Unión Popular.
Mendoza aseguró haber presenciado cómo el entonces alcalde reclamó al dirigente social las constantes movilizaciones para exigir la entrega de fertilizante, y posteriormente lo asesinó a quemarropa.
El cadáver de Hernández fue localizado el 3 de junio en las inmediaciones de Xalitla, sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala, junto con otros dos activistas de la Unión Popular que fueron asesinados tras el reclamo del primer edil.
Durante el sepelio de Arturo Hernández y sus compañeros, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de quienes la Unión Popular de Iguala era aliada, se separó del cortejo y arremetió contra el Ayuntamiento, dejando el inmueble destrozado, con todas sus oficinas y muebles en llamas, y la mayoría de las paredes pintarrajeadas con la leyenda “Abarca asesino”.
Ese fue el primer antecedente de la confrontación entre el ex alcalde de Iguala y la Normal Rural, que tuvo su momento más crítico la noche del 26 de septiembre, durante los ataques que dejaron un saldo de seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.
En 2015, la CIDH y el Estado mexicano establecieron medidas cautelares a favor de María Soledad debido al riesgo que corre por la gravedad del caso.
Dichas medidas consistían en un botón de pánico y seguridad eventual por parte de la Policía del Estado.
En un documento emitido por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se destaca que María Soledad se percató de que el botón de pánico dejó de funcionar hace tres meses.
Lo reportó ante la Secretaría de Gobernación (Segob), y le respondieron que las medidas estaban suspendidas.
Para ella, no hubo más detalles
La Red recriminó que las medidas de protección, que la CIDH aún mantiene vigentes, no se implementan cuando la hija del activista debe trasladarse hacia la ciudad de Iguala.
En ese sentido, la ONG solicitó a la CIDH recordar al Estado mexicano que le corresponde implementar las medidas de protección y que el cese de las mismas debe ser decidido únicamente por la Comisión Interamericana, no por las autoridades nacionales.
La organización solicitó a la CIDH exhortar al Estado mexicano a ampliar las medidas de protección a favor de las hijas del activista ejecutado, que son Carolina Hernández Mena y Reyna Hernández Mena, así como a su viuda, Carolina Mena Marchán, e informar periódicamente al respecto.
“Inste al Estado a que aporte información sustancial respecto de la investigación de los hechos que originaron la solicitud de medidas cautelares, así como los ocurridos con posterioridad a su otorgamiento”, se lee en el documento.
MO