Luego que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco (UIPE) informó que investigará las operaciones de organizaciones civiles y albergues que atienden a migrantes para detectar un posible lavado de dinero relacionado con el tráfico de personas, La 72, Casa del Migrante en el municipio fronterizo de Tenosique acusó que se trata de una estrategia de criminalización.
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“Las acusaciones vertidas sobre el mal manejo de dinero en albergues tienen el claro objetivo de criminalizar y debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México.
Desde La 72 manifestamos nuestra urgente preocupación por los efectos que pueda tener esta táctica de política sucia. También manifestamos nuestro firme compromiso a seguir caminando con los pueblos migrantes mientras siguen llegando a las puertas de nuestra casa”, manifestó el refugio a través de su cuenta de Twitter.
La organización manifestó que desde 2012 han acompañado a más de cien mil migrantes, con una labor denuncia de los abusos de las autoridades y las redes de trata y tráfico del crimen organizado, por lo que han recibido amenazas de estos grupos, así como de autoridades como el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el comunicado de la UIPE, firmado por su titular, Arturo Abreú Ayala, la decisión de iniciar estas investigaciones derivó de información de inteligencia que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con la que se presume que algunas "organizaciones de la sociedad civil para la atención de migrantes no operan como señalan y han sido fachada para lavado de dinero, y corrupción".
Y aunque el propio Alejandro Encinas desmintió esta versión, se mantiene el anuncio de que se desarrollarán estrategias de investigación en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de prevenir y sancionar actividades económicas y financieras ilícitas en Tabasco que puedan estar relacionadas con operaciones de tráfico de personas, ya que, según la UIPE.
Incluso se congelaron cuentas bancarias relacionadas con el pago por el tráfico ilegal de migrantes.
RLO