La Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas promovió 28 denuncias ante las Fiscalías estatal y federal para investigar presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Además, remitió 67 expedientes a los tribunales de justicia administrativa por faltas graves.
Al comparecer en comisiones del Congreso Local con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que se detectaron conductas que pueden configurar peculado, desvío de recursos públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, y nepotismo.
Precisó que los hallazgos comprenden tanto anomalías cometidas durante la pasada administración como en la actual, pero se dividen en posibles delitos y faltas graves, cuyo seguimiento ya corresponde a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la FGR y los Tribunales estatal y federal de Justicia Administrativa para su resolución.
28 denuncias penales y 67 expedientes administrativos
En ese sentido, la funcionaria detalló que 23 denuncias se interpusieron ante la fiscalía estatal especializada y cinco ante la Fiscalía General de la República, mientras que en el caso de los expedientes administrativos, uno compete a la esfera federal.
De las denuncias penales, 19 se formularon el año pasado y se desprenden de irregularidades encontradas principalmente en la pasada administración, en áreas como la Comapa Zona Conurbada, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, las Secretarías de Economía, Trabajo, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Educación, Obras Públicas, Bienestar Social y Administración, la ex Contraloría Gubernamental y la Oficina del Gobernador.
La denuncia turnada a la Fiscalía General de la República tiene que ver con manejo de recursos en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace), y las Secretarías de Salud y Finanzas, entre otras.
Sanciones e inhabilitaciones a servidores públicos
Norma Angélica Pedraza añadió que, incluso, ya hay personas que han sido sancionadas e inhabilitadas al comprobarse su participación en hechos constitutivos de delitos, como también ocurre, dijo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, que ha aplicado multas de entre 300 mil a un millón de pesos y seis personas han enfrentado ya la consecuencia de su actuar.
“Nosotros por incumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas hemos sancionado a más de 140 personas servidoras públicas (94 inhabilitaciones, 19 suspensiones y 29 amonestaciones) y 58 de estas sanciones han sido aplicadas en 2025”, expuso ante diputados locales.
Sanciones por omisión de declaraciones patrimoniales
Pedraza Melo agregó que tan solo por incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales se había sancionado con inhabilitación a 33 servidores públicos al cierre de 2025.
Detalló que ingresaron a la etapa de investigación 4 mil 073 expedientes por presunta responsabilidad administrativa sancionatoria, de las cuales el 60% corresponden a la administración anterior y el 40% a la actual.
Refirió que de esos expedientes, 3 mil 054 son resultado de las denuncias del proceso de entrega-recepción, informes de auditoría de entes fiscalizadores externos y denuncias ciudadanas.
SJHN