Es Tamaulipas la entidad que tiene menos carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional en un periodo de seis años, con 62, frente a estados vecinos como Nuevo León que registra más de 7 mil carpetas, de acuerdo con información de Transparencia.
La dependencia en Tamaulipas tiene una cifra menor de vinculaciones a proceso y ningún sentenciado por el manejo indebido de recursos públicos, entre otros delitos.
Una investigación realizada por MILENIO para evaluar el desempeño de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción de las 32 entidades federativas reveló una caída alarmante entre el número de carpetas de investigación iniciadas por las autoridades y el número de sentencias conseguidas entre los años 2018 y 2024.
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El informe detalla que en Tamaulipas existen 62 carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción, cifra que posiciona a Tamaulipas en el último lugar nacional, en un periodo comprendido del 2018 al 2024, de las cuales hay tres órdenes de aprehensión e igual número de vinculaciones a proceso, aunque no se especifica un monto económico recuperado por casos de corrupción.
Los delitos denunciados en Tamaulipas son el desempeño irregular de la función pública, ejercicio indebido del servicio público, peculado, negociaciones ilícitas, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
La entidad tamaulipeca está un nivel abajo de Baja California Sur, que tiene un total de 63 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, además de tres órdenes de aprehensión, tres vinculados a proceso y tampoco tiene ninguna persona sentenciada por dichos delitos.
Arrastraba malos resultados
Raúl Ramírez Castañeda fue electo un 8 de septiembre de 2021, por 24 votos a favor de la aplanadora panista de la Legislatura número 64, para un encargo de 8 años, a partir del 9 de septiembre de 2021.
Sustituyó en el cargo a Javier Castro Ormaechea, quien se convirtió en magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
En la época del esplendor panista, Ramírez Castañeda estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas (UIFE), donde entró con la espada desenvainada haciendo señalamientos contra la administración saliente del priista Egidio Torre Cantú, a quien señaló de un quebranto a las arcas estatales por más de dos mil millones de pesos, lo que no pudo comprobar.
En octubre del 2023, el Congreso del Estado determinó separar temporalmente de su cargo a Ramírez Castañeda, al iniciar en su contra un procedimiento de remoción debido a la falta del cumplimiento de los requisitos fundamentales para ejercer el cargo, específicamente, la no acreditación de las evaluaciones de control y confianza, sin buenos resultados.
Más tarde, como fiscal Anticorrupción y tras dejar de ser aplanadora el PAN en la Legislatura número 65, empezó a querer seguir haciendo el trabajo a su gusto, pero con la entrante Legislatura 66 que trae aplanadora de Morena decidió presentar su renuncia.
Último reporte del 2025
Cabe señalar que el pasado 29 de enero de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas dio a conocer un informe de labores donde se destacó la emisión de 15 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de alto nivel de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo posibles investigaciones contra el propio ex gobernador.
Según sus datos, el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco informó en su momento que se investigan 800 denuncias, de las cuales 200 corresponden a los últimos dos años, implicando a 458 servidores públicos de niveles altos y medios. Hasta ahora, 14 carpetas han sido judicializadas sin ser rechazadas por falta de méritos.
Se destacó un daño al erario superior a los 400 millones de pesos en una secretaría, además de 125 millones relacionados con la Sebien. Las denuncias provienen del Ejecutivo estatal, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental.
Las investigaciones continúan, y no se han revelado nombres específicos de los implicados.
“La actividad judicializada y órdenes de aprehensión, se empezaron a reflejar hacia el último trimestre de 2024, así que, para finales del año 2024, ya se tenían 14 carpetas judicializadas, nueve personas vinculadas a proceso y se habían atendido casi 50 audiencias”.
Aclaró que sólo en lo que va del año, se han iniciado 10 carpetas nuevas que se suman a las que ya existen por diversos hechos.
Por parte de diversas instancias de la administración pública se tienen alrededor de 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y también mandos medios.
A nivel nacional
En el mismo periodo de tiempo, la entidad que más carpetas de investigación ante la citada fiscalía responsable de los delitos cometidos por los servidores públicos, es el Estado de México tiene 30 mil 425, Nuevo León 7 mil 345, Jalisco 6 mil 607, Puebla con 6 mil 432, Quintana Roo con 2 mil 597, entre otras.
En cuanto a los primeros cinco lugares de las entidades por el número de órdenes de aprehensión, Querétaro es el líder con 124 órdenes de aprehensión, Sonora tiene 69, Durango 64, Puebla 60 y de ahí baja a 48 de Chiapas.
De acuerdo a la información obtenida vía transparencia, Querétaro sigue a la cabeza con 124 vinculaciones a proceso, Durango con 59, Estado de México 52, Sonora con 47, así como Chiapas con 45.
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SJHN