Se reformó el Código Penal del Estado para establecer el delito de cobranza ilegítima, con el objetivo de proteger a la ciudadanía de prácticas abusivas, intimidatorias y fuera del marco legal.
La iniciativa que analizó la Comisión de Justicia la presentó en su momento la diputada Sughey Torres Rodríguez, para proteger a las personas que, por diversas circunstancias, han incurrido en morosidad, frente a actos de cobranza extrajudicial realizados por particulares que, al pretender ejercer un derecho, recurren a prácticas de coacción y amenazas.
Entre las conductas más comunes que se busca erradicar se encuentran llamadas en horarios nocturnos, de madrugada o fines de semana, el envío de cartas intimidatorias a domicilios y centros de trabajo, así como la simulación de documentos o actos judiciales o administrativos, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente a una autoridad.
Las y los legisladores reconocieron que, si bien en los últimos años se ha incrementado la celebración de operaciones financieras, como compraventas, inversiones, financiamientos o préstamos, también ha aumentado el número de adeudos impagados, lo que ha dado lugar a la intervención de despachos de cobranza. No obstante, subrayaron que dicha labor debe realizarse dentro de los límites legales y con respeto a los derechos humanos.
En este sentido, señalaron que diversas prácticas de cobranza han sido cuestionadas por su falta de ética y legalidad, al recurrir a amenazas, hostigamiento, presión psicológica y divulgación indebida de información personal, lo que representa una violación a los derechos fundamentales de las personas.
Cabe destacar que estas conductas no solo generan afectaciones legales, sino también impactos psicológicos y sociales, como altos niveles de estrés, ansiedad y afectaciones a la estabilidad familiar y económica, por lo que la tipificación de la cobranza ilegítima constituye un avance significativo en la protección de los derechos de las y los duranguenses.
daed