Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chilpancingo e Iguala iniciaron un paro de labores pacífico para manifestar su rechazo a las modificaciones contempladas en la nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, particularmente sobre la figura de movilidad forzada que, advirtieron, permitiría reubicar al personal operativo y administrativo en otras ciudades del país sin previo aviso.
Carlos Enciso, actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Chilpancingo, explicó que la principal inconformidad radica en la posibilidad de que los trabajadores sean enviados a otros circuitos judiciales por necesidades del servicio, sin que esta medida forme parte de las condiciones laborales bajo las cuales ingresaron a sus puestos.
Señaló que esta disposición generaría incertidumbre entre el personal, debido a que muchos trabajadores tienen sus familias establecidas en sus ciudades de origen y tendrían que enfrentar gastos adicionales de traslado, renta y manutención, sin que exista certeza de que las instituciones cubran esos costos.
“Te avisan y mañana te queremos en tal estado”, expuso al describir el escenario que, afirmó, preocupa a los trabajadores ante la posibilidad de que sean reubicados de un día para otro.
Enciso precisó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que se hayan concretado traslados de trabajadores bajo esta nueva figura; sin embargo, indicó que ya se han puesto plazas a disposición de otros circuitos judiciales, lo que consideran un primer paso hacia la implementación de esta medida.
Explicó que anteriormente la movilidad se aplicaba principalmente a jueces y magistrados, por las características de sus funciones, pero sostuvo que no existe la misma justificación para rotar constantemente al personal operativo y administrativo.
El actuario judicial aclaró que la reforma aún se encontraba en discusión, por lo que la protesta busca evitar que la disposición sea aprobada e incorporada a las condiciones laborales de los trabajadores.
Paro pacífico y suspensión de actividades
La movilización se realiza en Chilpancingo con la participación de trabajadores de los distintos órganos jurisdiccionales de la ciudad; de acuerdo con Enciso, también tenía conocimiento de manifestaciones en otros estados, entre ellos Michoacán, Nayarit y Zacatecas, mientras que en Iguala comenzaban a movilizarse trabajadores de los juzgados de distrito.
Precisó que el paro implica la suspensión de labores ordinarias, pero se mantiene la atención de los asuntos urgentes para no interrumpir completamente las funciones judiciales.
Los manifestantes señalaron que su protesta es pacífica y que no contempla el cierre de calles, sino hacer visible su inconformidad ante la sociedad y las autoridades correspondientes.
Exigen aumento salarial y garantías laborales
Además del rechazo a la movilidad forzada, los trabajadores presentaron un pliego petitorio con demandas económicas, laborales y administrativas.
Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial del 13 por ciento, retroactivo al 1 de enero de 2026, así como garantías presupuestales para asegurar el pago de salarios, prestaciones y derechos laborales durante 2027.
También solicitan establecer un calendario para el pago de las prestaciones de fin de año y adoptar medidas para mitigar el impacto de la retención del impuesto sobre la renta (ISR).
En materia laboral, exigen el pago oportuno y universal de las horas extras, incluidas las guardias pasivas; la preservación de la carrera judicial para evitar que las plazas de base sean convertidas en puestos de confianza; y la realización de consultas previas a los trabajadores antes de modificar sus condiciones laborales.
El pliego incluye, además, la instalación de un consultorio médico en la sede judicial de Chilpancingo, estudios sobre las cargas de trabajo, la creación de órganos jurisdiccionales y garantías de no represalias contra quienes participen en las protestas y manifestaciones pacíficas.
Los trabajadores también demandan la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades para establecer acuerdos y plazos de cumplimiento.
Con estas acciones, el personal del Poder Judicial Federal busca que sus demandas sean atendidas y que cualquier modificación a sus condiciones laborales considere sus derechos, su estabilidad y las necesidades de quienes integran los órganos jurisdiccionales.