A 11 años del hallazgo de 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, 13 policías municipales se mantienen en prisión sujetos a proceso penal federal en etapa de instrucción, reveló la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una solicitud de información.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso MILENIO, “dichas personas están sujetas a un proceso penal federal y recluidas en un Centro Federal de Readaptación Social. Ninguna de las personas sujetas a proceso se encuentra en libertad. Hasta la fecha el Órgano Jurisdiccional de la adscripción no ha dictado alguna sentencia dentro del proceso penal federal”.
En abril de 2011 fueron halladas en este municipio tamaulipeco 47 fosas clandestinas con restos humanos de 193 personas que resultaron ser migrantes en su mayoría. Por estos hechos, la semana pasada un juzgado federal dictó sentencias condenatorias contra 18 personas civiles halladas culpables por el secuestro de estos migrantes.
En su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y arraigó a 17 policías municipales en activo y en junio de 2011 los consignó por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
El papel de estos policías municipales fue realizar labores de halconeo e intercepción de personas y entregárselas a Los Zetas, por lo que recibían un pago de ese grupo criminal, describió la PGR en diciembre de 2014 al National Security Archive, en respuesta a un dictamen del INAI y la Ley de Transparencia.
“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”, declaró Álvaro Alba Terrazas, también policía municipal de San Fernando, según la ficha de PGR.
Luego de realizar “una búsqueda exhaustiva en sus archivos”, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) informó que “el auto de formal prisión dictado en contra de trece policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, es de fecha 30 de junio de 2011. El proceso penal se encuentra en la etapa procesal de instrucción”.
Autoridades sin castigo
El estado de Tamaulipas ha adquirido notoriedad pública por las masacres cometidas en contra migrantes que van a Estados Unidos. La primera se realizó en agosto de 2010, cuando asesinaron y dejaron abandonados a 72 migrantes en un paraje del municipio de San Fernando, sin sentencias hasta hoy; la segunda son las fosas de San Fernando, con 193 cadáveres.
La tercera fue en Cadereyta, límites de Tamaulipas y Nuevo León, en mayo 2012. 49 personas migrantes fueron arrojadas sin vida sobre la carretera Monterrey-Reynosa. En febrero de 2015, en el municipio de Güemez, hallaron una fosa con 13 cadáveres de migrantes. Y la última masacre fue la de Camargo, en enero de 2021, contra 19 migrantes guatemaltecos.
El involucramiento de policías municipales en desapariciones y homicidios ha sido constante. Sin precisar si se trata de los mismos policías referidos por la FGR, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a MILENIO, también a través de una solicitud de información, que 10 elementos fueron liberados desde 2012 y que otros cinco salieron en los siguientes dos años.
El CJF detalló que 15 de los 17 policías municipales arrestados en 2011 se encuentran en libertad mediante recursos de apelación o juicios de amparo, y solo dos están en etapa de dictado de sentencia.
La dependencia relató que el Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales, el cual dictó los autos de formal prisión en contra de los policías municipales, manifestó que los involucrados interpusieron el recurso de apelación y el 9 de febrero de 2012 el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de 10 personas, con las reservas de ley, “por no haber justificado su probable pertenencia y responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada”, con la finalidad de cometer el delito contra la salud y privación ilegal de la libertad, vigente en la época del hecho ilícito.
Entre 2012 y 2014, cinco personas más obtuvieron su libertad por el delito de delincuencia organizada a través de amparos, pese a la apelación de la PGR, ya que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito confirmaron la sentencia que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Por lo que hace a dos personas más “se encuentran detenidas a disposición de este juzgado y etapa de dictado de sentencia”.
Organismos civiles han denunciado que en Tamaulipas se registra un gran número de migrantes desaparecidos, secuestrados, extorsionados o asesinados, que no son investigados por no tratarse de masacres. Pese a ello, a la fecha no existe ninguna investigación integral relacionada con el tráfico de personas y los vínculos de la delincuencia organizada con las autoridades locales y federales.
La FGR indicó que por los crímenes de 2010 y 2011 ocurridos en San Fernando en contra de los migrantes no existen autoridades consignadas por estos hechos, a excepción de los policías municipales con auto de formal prisión.
Alcaldes, sin responsabilidad
Por la presunta vinculación de sus policías municipales con Los Zetas, los presidentes municipales de esos años no asumieron ninguna responsabilidad ni la FGR se las fincó; y su partido, el PRI, les permitió seguir una vida política activa.
Alejandro René Franklin Galindo fue alcalde de San Fernando hasta diciembre de 2010. Le tocó de lleno la masacre de los 72 migrantes y días después el asesinato de su jefe de la Policía, sin embargo, las únicas autoridades que fueron llamadas a declarar fueron elementos de la Armada de México y peritos de la PGR.
Franklin Galindo hoy está dedicado a su actividad empresarial como propietario de Agrícola Fraga S.A. de C.V. y Granero Fraga de San Fernando SPR de RI, dedicados a la comercialización y traslado de granos. Sus empresas aparecían en los padrones de beneficiarios de Sagarpa a través de Aserca.
En 2016, formó parte del equipo de campaña del candidato del PRI a la gubernatura. Su hijo, Alejandro Franklin Melhem, fue nombrado representante del PRI en San Fernando por Édgar Melhem Salinas, actual presidente estatal del PRI, diputado federal del distrito de San Fernando en los años de las masacres (2009-2012).
Tomás Gloria Requena fue presidente municipal de San Fernando de 2011 a 2013. Actualmente es diputado federal de mayoría relativa por el Partido Verde, al que se afilió en el 2020. Ganó el distrito que abarca los municipios de Burgos, Cruillas, Gustavo Díaz Ordáz, Matamoros, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.
Es contador público con maestría en administración y se presenta como Desarrollador de Ideas, Estadista e Impulsor del Desarrollo Humano. Entre sus habilidades describe: “Motivador 360 grados; Liderazgo; Estrategia y planeación; Análisis y solución de conflictos”.
En la indagatoria por las fosas de San Fernando, miembros de la delincuencia organizada lo acusaron de prestar los trascabos con que se escarbaron las fosas clandestinas y los conductores de los autobuses foraneos que vivieron los secuestros de los migrantes en marzo de 2011 declararon ante la autoridad que los policías municipales y Los Zetas trabajaban coordinados y en las patrullas municipales.
En su declaración ante la PGR, Gloria Requena dijo que no supo de los secuestros, que el municipio no contaba con ese tipo de maquinaría, que él recién llegaba al cargo y heredó esos policías. Y tampoco se enteró de los secuestros.
En una entrevista con Quinto Elemento Lab, Requena defendió a los policías municipales ya que al ser liberados por el juez quedaron exentos de todo cargo. Aseguró que estos fueron liberados y migraron a Estados Unidos.
ledz