Ana Laura, Andrea, José Antonio, Heber y Raúl son algunas de las personas que podrían quedarse sin defensa y en prisión, si la Comisión Especial del Senado de la República para investigar supuestos abusos de autoridad cometidos por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz se desintegra. Tras la renuncia del senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a la presidencia de dicho grupo de trabajo, el futuro de estos casos es incierto.
A un mes de su creación la Comisión Especial ha documentado más de 84 casos de violaciones a derechos humanos, estas son las historias a las que MILENIO tuvo acceso:
Ana Laura, la cosmetóloga acusada de matar a un periodista
Ana Laura, cosmetóloga de profesión y madre de dos menores de edad, lleva más dos meses privada de su libertad, acusada de participar en el asesinato del periodista Jacinto Romero, solo porque su vehículo pasó por el Boulevard Reforma, en Ixtaczoquitlán, Veracruz, lugar donde ocurrió el crimen.
Ese día, su esposo Edgar, regresaba del mecánico en la camioneta de Ana Laura, iba 15 metros detrás del auto del periodista, casi un mes después y ante la presión de organismos internacionales, el Ministerio Público del estado de Veracruz aseguró que, para poder matar a Jacinto, un taxi y la camioneta de Ana, habrían encerrado al periodista para que los sicarios le dieran alcance.
Ana Laura no iba en la camioneta, las autoridades obtuvieron sus placas a través de una cámara de video de una casa particular, las autoridades tomaron el número de placas de su vehículo, indagaron el nombre del propietario y la detuvieron. El abogado de Ana Laura, Ricardo Aguilar señaló que, aunque demostró con videos obtenidos del vehículo de Jacinto Romero y testimonios la inocencia de Ana Laura, el juez de control Francisco Reyes Contreras la vinculó a proceso el 18 de noviembre de 2021 y horas después fue trasladada al penal de Tuxpan, lugar que está a más de 5 horas de su domicilio ubicado en Cuautlapan.
"Su delito fue negarse a declarar": feminicidio de su mejor amiga la tiene presa por cómplice
La ingeniera petrolera de 27 años, Andrea Aguilar Jara, lleva más de un año en el penal Deport Ostión de Coatzacoalcos, acusada del feminicidio de su mejor amiga, Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche, ocurrido el 17de agosto de 2019 en límites de Minatitlán y Cosoleacaque. Su único delito fue negarse a declarar en falsedad, algo que no le consta, en contra Aldo Adán 'N', ex pareja sentimental de la víctima, preso por el mismo delito.
Andrea ya no solo pide justicia para Silvia Jazmín, su amiga desde la guardería, sino también para ella misma, otra víctima de los abusos de autoridad y la incapacidad del sistema judicial de Veracruz, que mantiene a personas tras las rejas por más de 10 años sin dictarles sentencia, por delitos cuya penalidad no pasa de los 5 años.
Hermanos detenidos por negarse a ser despojados
Los hermanos José Antonio y Heber Galán Contreras llevan más tres meses en detenidos por negarse a ser despojados de su predio. El 8 de octubre, representantes de Cementos Moctezuma llegaron junto con policías estatales de la delegación Xico cuando ambos se encontraban en el terreno, ubicado en camino a cantil blanco, en el municipio de Apazapan, Veracruz.
El lugar es paso forzoso de los camiones de la cementera para extraer materiales de la cantera, los hermanos cercaban para evitar el ingreso tras varios intentos de despojo y sin más, fueron detenidos, a pesar de que José Antonio llevaba con él una resolución judicial donde se especifica que dicho camino no es público y la escritura que los acredita como dueños.
Cuando José Antonio estaba sacando los documentos de una mochila para mostrárselo a los policías, los agentes le dijeron que se lo llevarían detenido por obstrucción a las vías de comunicación y por ultrajes a la autoridad. José Antonio alcanzó a darle el celular a Heber y le pidió que grabara lo que estaba pasando; los policías le tiraron el celular y también se lo llevaron detenido por las mismas razones.
El abogado de José Antonio y titular del despacho IUS FORENSIS, Rodolfo Martínez señaló que durante la audiencia inicial del caso se aportaron datos de prueba que demostraron que no existía el delito contra vías de comunicación, por lo que la juez dictó un auto de no vinculación.
No obstante, permaneció el delito de ultrajes a la autoridad, por el cual se les dictó prisión preventiva, debido a que la policía armó una versión distinta a los hechos, acusó a los hermanos de atacar con cuchillos a los agentes y de haber sostenido una pelea con ellos durante varios minutos, sin embargo, no existió ninguna lesión ni en los elementos policíacos ni en los hermanos Galán que acreditara algún enfrentamiento.
Raúl, músico que entregó su credencial y terminó preso por fraude en Veracruz
En Veracruz, un músico, un pepenador y un albañil, cuyas identidades fueron utilizadas para hacerlos “socios” de una empresa fantasma para el DIF estatal durante el gobierno deJavier Duarte de Ochoa se encuentran en la cárcel, a pesar de que no existen pruebas en su contra.
Fueron detenidos el 18 de abril del 2020 por la fiscalía del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez junto con seis personas más, ex funcionarios y ex empleados del DIF, quienes se encuentran libres.
La diferencia es que el músico Raúl Antonio Chirinos, el pepenador Francisco 'N' y el albañil Luciano 'N' son los tres más humilde, sin recursos, influencias, para ni conocimientos para ser liberados y siguen encerrados en el penal de Pacho Viejo, Coatepec.
A Raúl Antonio le ofrecieron un apoyo de gobierno, no imaginó que sus datos de la credencial de elector iban a aparecer en la empresa fantasma “Abastecedora Romcru, S.A. de C.V”, con domicilio en la calle Carlos Cruz del puerto de Veracruz, que el 17 de agosto del 2012 celebró un contrato con el DIF Estatal, por la cantidad de $4,114,152.28.
Lamentablemente a pesar de las pruebas de que Raúl Antonio no tiene nada que ver con empresas fantasmas y fraudes de Javier Duarte y su esposa Karime Macías, no lo liberan porque pareciera que están esperando a que la carpeta de investigación contra la ex presidenta del DIF Estatal sea judicializada.
ledz