Cuatro ex funcionarios del sexenio anterior, entre ellos la secretaria de Obras, Patricia “N”, y el subsecretario, Sergio “N”, fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras la adjudicación directa de la remodelación del circuito Lago de Tequesquitengo, cuyo costo superó los 42 millones de pesos.
Un juez del estado de Morelos consideró subastadas las acusaciones y las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción (FA) para enviar a proceso a los ex servidores públicos, entre los que se encuentran la ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, y José "N" ex director General de Caminos y Puentes.
Todos los ex funcionarios imputados por avalar una obra se adjudicación directa por un monto total de 42 millones 591 mil 188 pesos, para la "Modernización del Circuito del Lago de Tequesquitengo del 0+000 al 2+000 modernización del circuito del Lago de Tequesquitengo del 2+000 al 4+000".
“La agente del Ministerio Público presentó más de 25 datos de prueba contra los imputados, quienes presuntamente no acataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos".
Pese a esto, el 30 de diciembre de 2015 avalaron de manera indebida el fallo emitido en favor de la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V., mediante el cual se adjudicó de manera directa, el contrato de obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015”, informó este lunes el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
De acuerdo a los antecedentes presentados, los imputados contravinieron y violentaron las disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, ya que presuntamente tenían conocimiento, en razón de su cargo, que podría resultar afectado el patrimonio de la Federación y los intereses del Estado.
Sergio "N", Alejandra "N" y José "N" renunciaron al plazo constitucional y decidieron que su situación jurídica fuera definida el mismo día que fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que, ante los contundentes datos de prueba y la sólida argumentación de la agente del Ministerio Público, el juez decidió vincularlos a proceso y dió tres meses para el cierre de la investigación. En tanto, a Patricia "N" se le otorgaron 144 horas para definir su situación jurídica.
KGE