Un juez de Control federal vinculó a proceso a los dos agentes de la Guardia Nacional imputados por la muerte de una niña de 9 años durante un ataque armado ocurrido el 13 de julio en la carretera federal 57 en San Luis Potosí.
Los agentes federales enfrentarán un proceso por los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja por la muerte de la menor y el de homicidio calificado en grado de tentativa contra el menor de 15 años y dos tripulantes más que iban en el vehículo baleado, la madre y el padre de la niña asesinada.
El juez de Control decretó como medida cautelar la prisión preventiva por lo que deberán permanecer recluidos en el penal de La Pila durante los dos meses de la investigación complementaria.
Para aplicar la medida, se estableció que existe un alto riesgo de sustracción de la justicia porque la pena prevista para los delitos que se les imputaron es una penalidad de hasta 60 años de prisión.
También, dijo el juez que, existe riesgo de fuga porque el día de los hechos los elementos después de disparar contra el vehículo particular abandonaron el lugar y tuvieron que ser presentados ante el juez mediante una orden de aprehensión.
En la reanudación de la audiencia inicial después de que se cumplió el plazo de la duplicidad del término constitucional, los agentes solicitaron declarar para su defensa.
Roberto “N” y Guillermo “N”, narraron que actuaron en el cumplimiento de su deber, porque repelieron una agresión armada. Afirmaron que, desde el vehículo Sentra en donde viajaba la familia, les lanzaron ponchallantas y les dispararon, por lo que consideraron que había un inminente riesgo contra su integridad y les dispararon.
Según los agentes, ese día realizaban patrullajes en la carretera federal 57, cuando recibieron el reporte de que un chofer de tráiler había sido despojado de la unidad y que los sospechosos habían huido en una camioneta Jeep Liberty en color rojo por lo que se dieron a la tarea de ubicarla.
En el recorrido, dijeron, lograron visualizar un vehículo con esas características y se percataron que de ese automóvil descendieron tres hombres armados y que después abordaron el auto Nissan Sentra por lo que iniciaron la persecución.
Según los agentes, fue entonces que los tripulantes del Sentra no acataron los comandos de voz para detenerse y comenzaron a lanzar disparos y artefactos metálicos, por lo que el agente Roberto “N” les disparó.
Con estos testimonios, la defensa solicitó al juez aplicar una excluyente de responsabilidad porque presuntamente actuaron en el cumplimiento de su deber.
El juez afirmó que, este testimonio no era creíble porque en el Sentra en donde viajaba la familia, no se encontraron armas ni equipo bélico y tampoco se demostró que viajaran más tripulantes como señalaron los agentes y la patrulla de la Guardia Nacional no tenía daños ni impactos de arma de fuego.
Tampoco se localizaron en la carretera los artefactos metálicos que supuestamente les lanzaron a los policías ni otros casquillos percutidos más que los que dispararon los guardias nacionales.
El juez de Control, destacó que el relato de hechos, no justifica el actuar de los elementos, quienes hicieron uso de la máxima fuerza extrema que puede utilizar un agente policiaco.
El automóvil Sentra tenía 14 impactos de arma de fuego de alto calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas y uno de los disparos penetró en el cráneo de la menor quien viajaba dormida en el asiento trasero del vehículo.
Los padres de la menor que murió en el ataque, declararon que el 13 de julio, aproximadamente a las 3 de la mañana en el kilómetro 60 a la altura de una gasolinera cerca del retén de Villa de Arista, comenzaron a escuchar disparos, se orillaron y se dieron cuenta que habían herido a su hija y a un acompañante de 15 años de edad.
MO