Hace un mes Mérida, en Yucatán, se puso en la mira de la violencia digital, esto luego de que la colectiva sororidad Anáhuac diera a conocer un grupo Telegram en donde se difundía contenido intimo y personal de alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab.
En el grupo había más de 2 mil usuarios de eran profesores y alumnos de universidades como la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Marista y la Anáhuac, y en este compartían hasta horarios y direcciones de las alumnas sin su consentimiento.
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“Veías cómo subían imágenes de tu Instagram general para saber si ya se habían acostado contigo. Si no, cómo le hacían para poder acostarse contigo, entonces realmente estábamos expuestas cualquiera podría estar en este grupo”, dijo en entrevista para MILENIO de manera anónima una estudiante de la casa de estudios.
Sin embargo, pese a la indignación que hubo por este caso, las alumnas acusan que las autoridades no han hecho nada y que quiénes fueron expuestos por violentar a las mujeres continúan como dentro de la Facultad.
“Acabo de ver a una de las personas que estaban en las listas que publicó Sororidad Anáhuac donde estaba su nombre, lo acabo de ver aquí caminando por la universidad. Entonces, es una situación parece que se maneja, que están haciendo algo las autoridades, pero no es así”, aseguró una de las alumnas.
Pero tras darse a conocer el caso las activistas aseguran que no es un caso aislado, sino algo que lamentablemente ya se había presentado antes en este estado.
“Se parece a otras redes que han existido como 'yucapacks' o 'yucapuercos' en donde exponen el contenido íntimo de la persona pero también datos personales, como sus direcciones, redes sociales, las escuelas en las que estudian, sus horarios, en donde encontrarlas”, dijo a MILENIO, Rosa Cruz Pech, directora de UADY sin acoso.
Actualmente la violencia digital está tipificada en el código penal de Yucatán, sin embargo, tanto activistas como funcionarias aseguran que es necesario trabajar más en el tema de prevención y acceso a la justicia.
“Uno de los pilares del acceso a la justicia es la reparación integral de las víctimas y para que haya una reparación no solo necesitamos que se les repare, sino también que se garantice que no se va a volver a repetir este tipo de hechos”, expresó, María Paula Aguilar, codirectora del Centro por la Justicia Democracia e Igualdad, A.C.
Hasta el momento ni la fiscalía ni la universidad han dado a conocer avances en el caso, sin embargo las mujeres aseguraron que seguirán pendientes para que no se le dé carpetazo a esta investigación.
“Nosotras nos sentimos preocupadas y molestas porque esto es algo justamente que desafortunadamente no podemos decir que se sabía pero sí que tal vez se pudo haber previsto”, precisó una alumna de la Anáhuac.