Ante los problemas económicos y conflictos legales, en el estado de Puebla se tienen registradas 315 mil viviendas vacías o en abandono en distintos segmentos económicos, fenómeno que tiende a crecer en medio de la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con el análisis sobre el mercado inmobiliario y la estructura urbana, realizado por Lorena Cabrera Montiel, coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo de la Universidad Iberoamericana Puebla, las casas abandonadas se presentan ante los efectos de la financiarización y la mercantilización en zonas metropolitanas como la de Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en municipios más pequeños.
A pesar de que el artículo Cuarto de la Constitución mexicana y la Ley Federal de Vivienda vigente contemplan que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, en la realidad, se registran pendientes.
A partir del año 2000, México alcanzó cifras históricas de vivienda nueva y, a su vez, de vivienda deshabitada porque millones de personas perdieron no sólo su casa sino el derecho al acceso a una hipoteca.
“El censo de 2020 contabilizó más de seis millones de hogares deshabitados, un 14 por ciento del parque habitacional total. Solo en Puebla, hay casi 315 mil viviendas vacías en distintos segmentos económicos”, comentó.
La investigadora de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita identificó un patrón global y sistémico en el que corporaciones financieras e inmobiliarias contribuyen a que las ciudades sean imposibles de habitar.
“Los inmuebles habitacionales se han convertido en instrumentos de inversión en lugar de satisfactores de una necesidad humana básica”, apuntó.
En este sentido, los fondos de inversión transnacionales obtienen ganancias de las personas más pobres a través del acaparamiento de la propiedad, así como de mecanismos financieros de acceso a la vivienda cada vez más sofisticados.
“Por consiguiente, los propietarios corporativos prefieren mantener vacíos los inmuebles antes que bajar los precios. A esto se suman otras problemáticas de gran impacto en el desarrollo urbano como flujos ilícitos de dinero y acceso desigual al suelo y a servicios. Las grandes corporaciones están concentrando un poder nunca visto que supera las fuerzas de las autoridades locales”, advirtió.
Señaló que los ciudadanos, organismos, movimientos sociales y gobiernos locales deben ser actores de resistencia frente a firmas privadas que dictan lo que sucede en las grandes metrópolis en cuestión de desarrollo urbano.
“Se plantea así la necesidad de poner en práctica medidas de control y protección para evitar la especulación y el desplazamiento de los habitantes”, apuntó.
Por su parte, Eduardo García Vásquez, coordinador de proyectos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), resaltó la importancia de pensar la vivienda como un derecho humano y de diferenciar los conceptos de “vivienda digna” y “vivienda adecuada”, perspectiva reconocida en diversos instrumentos internacionales.
“Si bien, algunos organismos nacionales han comenzado a implementar el concepto de vivienda adecuada, el cual contempla aspectos como seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, infraestructura habitabilidad y adecuación cultural, falta un largo camino por recorrer”, apuntó.
CHM