Grupos conservacionistas, científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron un escrito legal denominado “amicus curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una mega granja porcícola en la península de Yucatán.
En la demanda, cuestionaron la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. Al dar luz verde a la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, se viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena.
El caso, que ha resultado en la suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la SCJN a finales de este año, por lo que a través del escrito “amigo de la Corte” se detalla evidencia científica sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas: contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.
“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la doctora Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de “amigo de la corte”.
Las granjas industriales de animales son contaminantes notorios. Se espera que la operación de ésta genere más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que produce la población humana de Tijuana. Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en Estados Unidos.
“La península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden. Ya ha sucedido en Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”, señaló la doctora Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins.
En el informe de Greenpeace La carne que está consumiendo el planeta, se demuestra que el crecimiento desenfrenado de las operaciones industriales porcinas ya ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán. Esos daños se agravarán si se permite que la instalación en cuestión funcione sin tecnología avanzada de gestión de residuos.
“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.
Por su parte, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que “la contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán. Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.
Esta zona alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
La Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún, sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.
Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucateca, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.
“El derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños.
“Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones”, apuntó Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice.
El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentó una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas, que solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.
LP