Indígenas mayas que integrantes el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) en Homún, Yucatán, junto con las organizaciones Greenpeace México e Indignación reunieron más de 181 mil firmas digitales contra las afectaciones que dejan la industria porcícola y en defensa de los cenotes y la selva maya; mismas que entregaron este jueves, previo a que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decida si retira la suspensión que tiene paralizadas las operaciones de la mega granja de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún, quienes están en la legítima defensa de su territorio y sus recursos naturales, pero también de su derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano", sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales, afueras del poder judicial en el estado.
El 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.
Ahora le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar.
Ante el riesgo de que la granja reanude operaciones y arriesgue el medio ambiente sano de Homún, integrantes de Kanan Ts’ono’ot, representantes de la infancia de Homún, en coordinación con Greenpeace e Indignación, entregaron en el Juzgado Segundo de Distrito más de 181 mil firmas recabadas a través de una petición virtual.
La exigencia a las autoridades es “que no se construyan más granjas ni se amplíen las que existen hasta que se realice un estudio que evalúe su impacto ambiental y se garantice la protección de los derechos humanos de las comunidades mayas”.
Los habitantes de Homún que entregaron las firmas explicaron que es necesario hacerle llegar al juez todas las voces. Añadieron que las firmas son un respaldo para hacerle saber al Juez que existe interés de la la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta.
"Ya no se puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”, sostuvieron.
En el acto, la niñez de Homún también entregó dibujos y cartas, en respuesta a la convocatoria del concurso literario infantil Había una vez un derecho, emitida, irónicamente, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), junto con la empresa Kekén. Exigieron que se respete su derecho a vivir un medio ambiente sano, así como el cuidado de los cenotes.
La suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales, sino que también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna.
También, por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La mega granja fue construida precisamente porque los procedimientos violaron el derecho del pueblo maya de Homún a la libre determinación, entre ellos a la consulta. Ante dicha violación, el pueblo organizó en 2017 una autoconsulta en que se expresó rotundamente que no quieren la granja.
ROA