El periodista maya, Edwin Artemio de la Cruz Canché Pech, recibió una disculpa pública, debido a las agresiones cometidas contra él en 2014 por el entonces alcalde, padre de la actual alcaldesa de Seyé, así como comandantes y policías.
En el Palacio Municipal de Seyé, a 20 kilómetros al sureste de Mérida, el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Mérida, presidió el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de Edwin Canché, derivado del proceso penal abierto en 2014 por los delitos de abuso de autoridad y lesiones cometidos contra el periodista por parte del ex alcalde de Seyé, el ex director de la Policía Municipal y otros dos ex policías municipales.
Durante el acto, cada uno de los sentenciados ofreció una disculpa al periodista por haberlo agredido con motivo de su labor el 1 de enero de 2014.
Además, dichos sentenciados reconocieron la importancia del derecho a la libertad de expresión y de información y manifestaron que no volverían a cometer actos de repetición que afectaran estos derechos ni que atentaran contra el ejercicio periodístico de Edwin Canché, quien aceptó las disculpas y además manifestó la importancia de que se respetara la labor de la prensa por parte de las autoridades.
Lo anterior constituye una culminación en el proceso de justicia, verdad y reparación a favor del periodista, después de ocho años de los hechos.
Edwin Canché, torturado y amenazado en 2014
El primero de enero de 2014, Edwin Canché, entonces corresponsal del Diario de Yucatán, salió a cubrir un choque que causó daños en el domicilio de una habitante en Seyé por un familiar del entonces alcalde Ermilo Dzul Huchim.
Mientras realizaba su labor, el periodista fue detenido arbitrariamente por cuatro policías municipales, quienes le golpearon en el trayecto al Palacio Municipal.
Los agentes policiales sujetaron y golpearon al periodista de los brazos con fuerza mientras que el alcalde le recriminaba sus coberturas, diciendo que estaba ya harto de su crítica. Además de los golpes propiciados, le arrebataron su equipo de trabajo y borraron los archivos del celular; entre ellos fotos y un vídeo de la detención arbitraria perpetrada por los agentes. Tras casi una hora de encierro y golpes, el alcalde ordenó que liberaran a Edwin Canché.
Negación de la tortura
Canché, en conjunto con sus representantes legales, denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y ante la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República en aquella entidad, asimismo, inciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
La Fiscalía inició un proceso por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, gravemente subestimando los hechos, por lo que las organizaciones representantes solicitaron la reclasificación de los delitos a tortura y privación ilegal de la libertad.
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien llevó el proceso, se negó en diversasm etapas a clasificar adecuadamente los hechos. Las mismas comisiones de derechos humanos fueron partícipes de la negación de la tortura a Edwin Canché. En noviembre de 2015, la CODHEY negó, que casi una hora de golpes y amenazas constituyeron tortura. El periodista y sus representaciones legales impugnaron la recomendación y más de un año después, en enero de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convalidó la negativa de la CODHEY.
En sus consideraciones la CNDH, ignoró la definición de tortura enmarcada en los estándares y definiciones en la materia de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Yucatán. El proceso contra los servidores públicos agresores se siguió por los ya mencionados delitos, bajo los cuales fueron finalmente sentenciados.
Ocho años de lucha
En este tiempo, Edwin Canché se ha enfrentado a un aparato de justicia burocrático e indolente. En 2014 el caso fue atraído e integrado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la entonces PGR. Sin embargo, las autoridades estatales quisieron negar también su calidad de periodista y negar dicha atracción.
En un juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche el Magistrado se quiso presumir que Canché no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaría que todo el proceso penal regresaría al fuero común en Yucatán. Una vez más, se impugnó la decisión y el 1 de marzo de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución trascendente para la libertad de expresión en México, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
ledz