El Club Santos Laguna emitió la tarde de este lunes un comunicado para exponer su postura ante la supuesta judicialización en contra de Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, por tema de defraudación fiscal.
Luego que un diario capitalino publicara lo que supone como un proceso legal en contra del mandamás de Santos, el club lagunero respondió señalando lo siguiente:
"Ante la información publicada sobre una presunta judicialización, de cuyo proceso fiscal penal no hemos sido informados, sobre un caso fiscal del Club Santos Laguna, nos permitimos informar que, como siempre, hemos cumplido con todos los procedimientos y preceptos establecidos por la legislación vigente".
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Añade que este caso se refiere a la declaración fiscal de Club Santos Laguna de un periodo del ejercicio de 2017, consecuencia de una divergencia en la interpretación de la norma que debe dirimirse en tribunales administrativos y no penales.
"Rechazamos que una cuestión de interpretación se quiera hacer parecer a un tema penal en contra del Club o sus representantes, con fines exclusivamente intimidatorios y violatorios del principio de presunción de inocencia", menciona el documento.
"La implicación de personas en el proceso se debe a la supuesta responsabilidad administrativa que correspondería al Club, que en tal caso debe ser oído y vencido en juicio en las instancias administrativas -y no penales- en contra de sus representantes".
Como hemos venido reiterando hasta ahora, Club Santos Laguna está a disposición del Servicio de Administración Tributaria.
"Asimismo, haremos valer, mediante los recursos que nos confiere la Ley ante los tribunales, nuestros derechos y la razón que nos asiste. Rechazamos que las controversias legales se diriman a través de los medios de comunicación, ya que, reiteramos, vulnera el principio de presunción de inocencia", añade.
Ante esta situación, concluye afirmando que el Club y su equipo directivo seguirán trabajando, como siempre, con la máxima transparencia y en estricto cumplimiento de la legislación, en línea con los valores y las políticas de comportamiento ético que rigen en toda la organización.
"No sucumbiremos a presiones ajenas a la ley", apunta.
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