Después de que fracasara en 2018 la aprobación de una ley para legalizar el aborto en Argentina, un grupo de legisladores presentó un nuevo proyecto para aprobarse en medio de un año electoral.
La presentación de la iniciativa en la Cámara de Diputados se realizó con el respaldo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Será la octava vez que el movimiento feminista, integrado por 300 grupos sociales y creado hace 12 años, impulse un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación
El año pasado la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado, integrado por legisladores más conservadores, que en una votación ajustada en agosto echó por tierra el proyecto que había generado multitudinarias marchas a favor y en contra.
Las feministas eligieron el martes para dar el puntapié a la iniciativa por motivos del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Amnistía Internacional, una de las organizaciones que forma parte de la campaña por el aborto, impulsa una acción mundial que ya juntó más de 200 mil firmas en el mundo para que se legalice su práctica en Argentina.
El impulso a la iniciativa legislativa ha incluido concentraciones de activistas con pañuelos verdes en más de 100 ciudades del país y en las principales capitales del mundo.
Este nuevo intento por reabrir el debate sobre un tema que genera división en el país natal del papa Francisco tiene lugar en un año electoral en el que el presidente Mauricio Macri buscará la reelección y la ex mandataria y actual senadora Cristina Fernández aspira a alcanzar la vicepresidencia.
Macri no aprueba el aborto pero ha dado vía libre a su discusión mientras que Fernández, que antes estaba en contra, cambió su parecer y en 2018 le dio su voto.
La senadora está acompañada en la fórmula electoral por su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien se ha manifestado más a favor de su despenalización que de la realización sin límites de la práctica.
El diputado oficialista, Daniel Lipovetzky, señaló que por ser un año electoral no va a ser “tan fácil tener consenso” para debatir un proyecto “que divide".
"Pero es un tema que la sociedad quiere que se trate”, dijo el legislador, quien apuntó que la iniciativa “establece el derecho de la mujer a elegir y que lo pueda hacer con el cuidado del sistema público de salud”.
Patricia Bustamante, abogada integrante de la campaña por el aborto, confió en que la ley saldrá adelante.
“Es la octava vez que presentamos este proyecto. El año pasado lo trataron por primera vez (en el Congreso) y después de todo lo que pasó teníamos que presentarlo de nuevo y ya está instalado en la sociedad, hay una despenalización social”, afirmó.
Según activistas, desde la restauración de la democracia en 1983 luego de la última dictadura militar, más de 3 mil mujeres fallecieron por haber abortado de forma insegura. Anualmente se producen entre 300 mil y 522 mil abortos, de acuerdo con las proabortistas.
En la actualidad la legislación argentina permite su realización en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la embarazada. No obstante, algunos médicos de hospitales públicos se han negado a practicarlo aún en los casos no penados por la ley.
La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a una pena de entre uno y cuatro años de prisión.
El proyecto legislativo contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo realice.
También establece que toda mujer tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.
Además señala que serán castigados la autoridad de un centro de salud o el personal médico que dilaten o se nieguen a realizar la práctica con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La pena se elevará de uno a tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y a cinco años si ésta fallece.
Esos puntos prometen ser resistidos por sectores de la comunidad médica que exigen la posibilidad de acceder a cláusulas de conciencia, no contempladas en la iniciativa.
dmr