Amnistía Internacional (AI) urgió a Perú y Chile a poner fin a la militarización de sus fronteras y acusó a ambos países de decretar "políticas crueles y deshumanizadoras que violan las normas internacionales" para la protección de migrantes y refugiados.
"Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas (migrantes) como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, ", sostuvo la organización en un comunicado.
Añadió que las políticas de ambos países violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional.
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La organización internacional, estimó que al menos 300 personas, mayoritariamente venezolanos y haitianos, se encuentran varadas en la frontera entre ambos países "en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria.
Recordó que, desde comienzos de 2023, el Gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país y que "el cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas".
De acuerdo a la plataforma R4V, más de 7.2 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país en los últimos años, huyendo de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas a sus derechos humanos y una crisis humanitaria compleja.
Aproximadamente 1.5 millones de ellas se encuentran en Perú, que es el segundo país receptor de venezolanos después de Colombia, y 444 mil en Chile.
El Gobierno peruano, por su parte, declaró desde hoy un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos, entre ellos Tacna, colindante con Chile.
"Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular", señaló la organización.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara, aseveró que "al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas".
La organización insistió, en esa línea, que "los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo" a las personas en necesidad de protección internacional, "de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación".
aag