La Justicia argentina ordenó un allanamiento en el departamento del ex presidente Alberto Fernández, ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en el marco de una causa por violencia de género presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez.
Este procedimiento, que implica el ingreso y registro forzoso de un lugar por parte de las autoridades, fue solicitado por los fiscales Ramiro González y Carlos Rívolo y llevado a cabo por personal de la Policía Federal. La medida tenía como objetivo incautar el teléfono celular de Fernández, con el fin de recabar pruebas en la investigación.
El operativo se llevó a cabo luego de que la causa, que originalmente se encontraba en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, fuera sorteada y volviera a manos del juez Julián Ercolini, quien también subroga dicho juzgado. Ercolini, ahora a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, es el magistrado que lidera esta investigación desde su inicio.
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El ex presidente, que vivió en dicho departamento junto a Yañez antes de asumir la presidencia, ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. En declaraciones públicas, Fernández expresó su descontento con la imputación, calificándola de "falsa". Por su parte, la ex primera dama también se prepara para ofrecer su versión de los hechos, en lo que promete ser una disputa judicial de alta tensión.
La denuncia de Yañez detalla episodios de violencia física y psicológica, incluyendo agresiones durante su embarazo. Según declaraciones realizadas ante la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), la ex primera dama describió cómo fue sometida a un "terrorismo psicológico" y que en una ocasión fue encerrada durante semanas en la casa de huéspedes de Olivos tras recibir un golpe en la cabeza. Además, se ha informado que Yañez ha designado una nueva abogada para su representación, Mariana Gallego, conocida especialista en derecho de familia.
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En un contexto de creciente presión política por el caso, Fernández presentó su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista (PJ), argumentando que es su "deber político y moral" aclarar la situación. "Espero que todo se esclarezca", afirmó en un comunicado, insistiendo en que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.
El caso, caratulado como "lesiones leves en contexto de violencia de género", avanza rápidamente en los tribunales, con nuevos elementos que podrían complicar aún más la situación del ex mandatario. Se espera que en los próximos días ambos protagonistas brinden más detalles sobre los hechos.
GGA