En las vísperas de la primera manifestación masiva durante el gobierno de Javier Milei, el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, anunció este martes que habilitaron una línea telefónica para denunciar a dirigentes sociales que "amenacen" a beneficiarios de planes sociales para “obligarlos" a protestar.
“Estará abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún dirigente, intermediario o puntero político, o alguien que los amanece con que si van a la marcha no se les va a quitar el plan”, ratificó el vocero presidencial en rueda de prensa diaria en Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.
Se trata de una medida anunciada por el Ministerio de Capital Humano el lunes, que buscará auditar a las organizaciones sociales para que entreguen planes sociales con vistas a la eliminación de la intermediación en la concesión de estas ayudas que paga el Estado a sectores vulnerables y sin empleo.
“No les crean y llamen que tenemos un equipo preparado para tomar cada uno de los casos. No se les va a cortar el plan, quédense en sus casas, por supuesto que es un derecho constitucional el manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, agregó Adorni.
En este sentido, el portavoz indicó que “la decisión está tomada y se va a hacer cumplir la ley” y repitió que toda persona que se manifieste por fuera del protocolo ‘antipiquetes’ será identificada y perderá la asistencia estatal.
El protocolo establece que las protestas sólo podrán llevarse a cabo sobre las veredas (aceras), aquellos que corten las calles serán sancionados, así como a quienes hagan, organicen, instiguen o sean "cómplices".
Las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, también llevarán a cabo un registro de las organizaciones implicadas, prohibieron protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas y se notificará a Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.
“No queremos que se corte la circulación en Argentina, no solo en la 9 de julio (principal arteria de Buenos Aires) sino en el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada”, insistió el vocero presidencial.
Por su parte, las organizaciones sociales de izquierda se preparan para el ‘20D’, un nuevo aniversario por las violentas protestas del 20 de diciembre del 2001, que terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001) en un contexto similar al actual con alta inflación y pobreza.
SNGZ