La justicia argentina abrió una investigación sobre el avión de origen venezolano que se encuentra varado en el aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio para seguir una pista de terrorismo.
Cecilia Incardona, fiscal de Lomas de Zamora, ordenó la acción penal y solicitó que se decrete el secreto de sumario en el caso para evitar filtraciones.
La indagatoria se puso en marcha tras la petición de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que participa como querellante en el expediente y alertó de un peligro vinculado al terrorismo.
El Boeing 747-300M, matrícula YV3531 de la empresa Emtrasur, arribó el lunes 6 de junio procedente de México con una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes, identificados como Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.
La DAIA consideró que “al dejar entrar a ese avión se puso en riesgo no solo la seguridad de el país, sino de América del Sur”.
En su alegato para formar parte del expediente, agrega que “dejar ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto (...) sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional”.
Por tanto, el juez Federico Villena prohibió la salida del país de los cinco tripulantes iraníes y horas más tarde la fiscal Incardona abrió la investigación.
La DAIA señaló que “los originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por EU”.
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