En Argentina, un caso médico que conmocionó a la provincia patagónica de Río Negro llegará este martes a una etapa clave: se conocerá la pena contra el anestesiólogo Javier Atencio Krause, declarado responsable por la muerte de un niño de cuatro años durante una cirugía.
El hecho ocurrió en la ciudad de General Roca, al sur del país sudamericano. El menor, Valentín Mercado Toledo, había sido ingresado a un sanatorio para corregir una hernia diafragmática.
Según se explicó a su familia, se trataba de una intervención programada y de bajo riesgo. Sin embargo, lo que debía ser una operación de rutina terminó en tragedia.
Durante el juicio se acreditó que, en un momento crítico del procedimiento, el monitoreo del paciente dejó de registrar durante aproximadamente diez minutos valores de presión arterial y oxigenación.
Ese lapso fue determinante: el niño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica, una grave lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo.
La acusación sostuvo que, mientras ocurría esa descompensación, el anestesiólogo utilizó su teléfono celular e incluso salió del quirófano para buscar el cargador del aparato. Para el Ministerio Público, esa conducta constituyó negligencia y una violación a los protocolos que obligan a una supervisión anestésica constante.
Tras la intervención, Valentín fue trasladado a terapia intensiva en el Sanatorio Juan XXIII. Durante varios días, sus padres recibieron reportes médicos que mantenían expectativas de evolución. No obstante, el cuadro neurológico empeoró: presentó convulsiones, fiebre y otros signos compatibles con daño cerebral severo. Una semana después se confirmó la muerte cerebral y la familia autorizó la desconexión.
El anestesiólogo ya fue declarado culpable de homicidio culposo. La Fiscalía solicitó tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. La defensa pidió la pena mínima y que cualquier restricción profesional se limite al ámbito pediátrico.
La sentencia que se dará a conocer marcará el cierre judicial de un caso que en Argentina abrió un debate profundo sobre la responsabilidad médica y el uso de dispositivos electrónicos en áreas críticas como el quirófano.
JCM