A dos años de la invasión de manifestantes trumpistas al Congreso de EU, Brasil sorprendió y se sorprendió ayer con una versión recargada de aquel ataque a la democracia: grupos bolsonaristas tomaron las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal (STF) y del mismísimo Palacio del Planalto, el edificio desde el que se gobierna el país.
«Lo que está sucediendo, claramente, es un intento de golpe de Estado», dijo la señal de noticias G1 mientras mostraba imágenes de cientos de personas vestidas de amarillo y verde, los colores de la bandera brasileña, irrumpiendo en las sedes de los tres poderes y vandalizando su interior. «Esto es histórico, lamentable e inconcebible, pero hasta cierto punto previsible. Es un ataque a la democracia», añadió G1 mientras se desarrollaba un asalto que busca desestabilizar al Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, asumido el 1 de enero tras cuatro años de Jair Bolsonaro en el poder.
El presidente Lula da Silva calificó los hechos de «barbarie». Lula no estaba este fin de semana en Brasilia, sino de visita en localidades del interior del Estado de Sao Paulo, afectadas por graves inundaciones. Pero reaccionó de inmediato: «Son fanáticos, fascistas y serán encontrados y castigados». Por el contrario, su predecesor Jair Bolsonaro no había emitido palabra alguna –al cierre de esta edición– acerca de los graves hechos.
«La respuesta va a ser dura, como corresponde», dijo a EL MUNDO una alta fuente de Itamaraty, el Ministerio de Exteriores de Brasil.
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Lula decretó la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia, invocando poderes especiales para restaurar el orden. Los principales altos cargos del Gobierno se concentraron en la sede del Ministerio de Justicia para analizar la situación. Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, culpó al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El gobierno de Brasilia está a cargo de la seguridad de los edificios que albergan a los tres poderes. Según Hoffmann, Rocha no cumplió con sus obligaciones. El gobernador del DF tomó medidas tras las catastróficas imágenes de la invasión a las sedes del poder político del país y eyectó del cargo de Secretario de Seguridad a Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro hasta el 31 de diciembre.
Las imágenes de la toma de la Plaza de los Tres Poderes en pleno descanso estival de un domingo de inicios del año sacudieron a los brasileños, aunque no necesariamente al poder político en Brasilia.
Según Folha de São Paulo, el sábado previo, «la Secretaría de Policía del Senado Federal contactó con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para solicitar refuerzo policial en los alrededores del Parlamento», basándose en informaciones de que grupos bolsonaristas y golpistas, que acampaban desde hace meses. El ajustadísimo triunfo de Lula sobre Bolsonaro en la segunda vuelta del 30 de octubre no fue el punto final para la batalla entre dos visiones de qué hacer con Brasil. Horas después de confirmarse el 50,9% de Lula contra el 49,1% de Bolsonaro, decenas de miles de brasileños se movilizaron a diferentes instalaciones militares en muchas ciudades de todo el país.
¿Con qué objetivo? Exigir a las Fuerzas Armadas que entraran en acción e impidieran la asunción de Lula. «¡Fuerzas Armadas, salven la nación!», gritaban los manifestantes, que argumentaban que el triunfo de Lula se había producido en condiciones de fraude electoral. En los dos meses que transcurrieron entre la victoria de Lula, de 77 años, y la asunción del cargo, miles de brasileños permanecieron ante los cuarteles, mientras Bolsonaro se sumía en un silencio de 37 días. Tras ese inusual periodo sin emitir palabra, Bolsonaro dio señales de querer desentenderse de la presión de sus bases: el temor a tener problemas con la Justicia le aconsejó el silencio, y a eso le sumó su salida del país el 30 de diciembre, cuando aún estaba a cargo de Brasil, para instalarse en Estados Unidos.