La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aceptó la colaboración de informantes para avanzar en las investigaciones sobre las transas en organismos electorales, por lo que ha recibido videos, documentos y mensajes de WhatsApp en los que hay indicios de la intervención de beneficiarios finales de diversas empresas en la selección de proveedores.
En redes sociales, el órgano que fiscaliza el uso de dinero público dio a conocer que sus indagatorias “por primera vez” se desarrollan con la participación de personas que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones.
Dicha colaboración, abundó: “ha permitido obtener información de personas que conocen cómo operaron las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.
Entre los elementos recabados, señaló la ASF, destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de presuntos involucrados.
La Auditoría Superior indicó que las investigaciones “han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”.
La #ASF informa: Caso Grupos empresariales relacionados a organismos electorales.
— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 9, 2026
Por primera vez la #ASF se encuentra colaborando con informantes que, a través de la aportación de documentación y diversos elementos, buscan ser beneficiados con la reducción de sanciones. pic.twitter.com/jaOidPXEFb
El órgano señaló que continuará las investigaciones para identificar “a más involucrados, rastrear el destinos de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes” en el escándalo de contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), que provocaron la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre, y en organismos estatales.
En tanto, el INE argumentó que la petición a la Fiscalía General de la República (FGR) de indagar contratos desde el último tramo de la gestión de Lorenzo Córdova no es por una narrativa política o externa, sino “para no quedarnos cortos” y porque ese organismo “no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia” y debe limpiar su imagen “como sea”.
La presidenta provisional, Blanca Cruz, y los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo explicaron que dicho lapso va de la mano con la decisión que se tomó en el Consejo General respecto al “plan para restaurar la integridad del INE”, donde establecieron que cualquier acción o denuncia futura incluyera 10 años.
Cruz argumentó que, si bien la crisis deriva de la gestión de Taddei, el objetivo del instituto es “no quedarse corto” en pedir que se investiguen periodos limitados.
A su vez, Chávez consideró que el objetivo es dejar claro que el INE debe estar abierto a que se investigue a fondo: “la institución no tiene nada que ocultar o no debe tener nada qué ocultar en ningún momento de su historia; el derecho a la transparencia no debe limitarse a un periodo”.
Castillo aprovechó para aclarar que el INE no busca sumarse a narrativas externas o políticas respecto a Lorenzo Córdova o su gestión, sino que se trata de una decisión institucional.
“Es un ejercicio de apertura y no tiene nada qué ver con las intenciones, los mensajes y los posicionamientos de otros actores políticos o de otras autoridades. Es exclusivamente una cuestión del instituto para decir ‘estamos abiertos a que se analice y se investigue todo lo que se tenga que investigar', porque de lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana. No tiene dedicatoria, es apertura, se trata de limpiar la institución sea como sea”.
Sobre la petición del INE de que sea la FGR la que intervenga directamente en el instituto para resguardar todos los documentos y evidencias referentes a los contratos para evitar la “pérdida, destrucción o alteración de los expedientes contractuales, comprobantes de pago, bitácoras o archivos físicos y electrónicos”, Castillo respondió:
“Se trata de decir ‘tomen las medidas que consideren pertinentes para resguardar el acervo que necesitarán en sus investigaciones que decidan llevar a cabo’, que se protejan”.
Avanza el recorte
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 372 votos a favor y 102 en contra, el Presupuesto de Egresos 2027 que, entre otros aspectos, prevé un recorte de 6 mil millones de pesos al INE para reasignar esos recursos a los Cendis del PT (618 millones), la Secretaría de las Mujeres (362 millones), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (300 millones) y otros.
Al fundamentar el proyecto en tribuna, la morenista Merilyn Pozos defendió la “reducción histórica” de 6 mil millones de pesos al INE, al señalar que el presupuesto público es sagrado y pertenece a la gente.
Durante el arranque de la discusión, el priista Rubén Moreira y el panista Armando Tejeda presentaron mociones suspensivas de sus grupos parlamentarios para frenar la discusión y devolver el dictamen a comisiones para un análisis más exhaustivo; sin embargo, las propuestas fueron desechadas.
LJ