Dan cinco años más de cárcel a ex líder de Birmania acusada de corrupción

La líder derrocada de Birmania todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción bajo acusación de la Junta Militar, en que podría llegar a acumular penas de más de 150 años de cárcel de ser culpada.

Aung San Suu Kyi, ex lideresa de facto del gobierno de Birmania antes del golpe militar de 2021. (AFP / Archivo)
AFP
Rangun / Bangkok /

Un tribunal de la junta de Birmania condenó este miércoles a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años más de cárcel, una nueva sentencia en este caso por corrupción en medio de numerosas acusaciones en su contra que podrían mantenerla detenida por décadas.

La Premio Nobel de la Paz de 76 años ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas contra el covid-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliar mientras enfrenta otros cargos, y se espera que que podría llegar a acumular penas de más de 150 años de cárcel de ser culpada por todos los delitos de los que se le juzga. 

En el caso decidido este miércoles, Aung San Suu Kyi estaba acusada de aceptar un soborno de 600 mil dólares en efectivo y 11.4 kilos de oro en sobornos de manos del ex gobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la birmana. Después de dos días de retrasos, un tribunal especial en la capital construida por la dictadura militar, Naipyidó, divulgó su veredicto y la sentencia a las 09:30 horas locales del miércoles.

"En relación con aceptar oro y dólares de U Phyo Min Thein, la corte la sentencia a cinco años de prisión", dijo el vocero de la junta, Zaw Min Tun, "Ella permanecerá bajo arresto domicilia". 

Según los medios locales, Suu Kyi apelará esta condena. Los periodistas no han podido acceder a los juicios contra la líder civil birmana y sus abogados no tienen permitido hablar con los medios. Y todavía debe dirimirse una amplia serie de acusaciones de violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, que pueden acarrear una condena global a más de cien años de cárcel.

En marzo, Suu Kyi debió perderse tres días de audiencias por estar en cuarentena debido a un contagio de covid-19 entre su personal. Bajo una junta militar previa, ella pasó largos períodos bajo arresto domiciliar en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad birmana.

Actualmente permanece detenida en un sitio no revelado de la capital, y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios.

Milicias civiles tras el golpe de 2021

El golpe generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza. Desde el golpe, más de mil 700 personas han muerto y más de 13 mil fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.

Suu Kyi ha sido el rostro de las esperanzas democráticas de Birmania durante más de 30 años, pero su imagen quedó muy afectada por su incapacidad de defender a la minoría musulmana de los rohinyás, duramente reprimida. Su sentencia le impedirían participar en las elecciones que la junta dice que celebrará el próximo año.

El analista David Mathieson, de Independent Myanmar, dijo que la junta utiliza los juicios criminales para hacer que Suu Kyi sea "políticamente irrelevante". "Este es otro débil intento de afianzar el golpe", comentó. "Esto tiene motivaciones políticas".

Habida cuenta de su avanzada edad, "es posible que termine sus días en prisión", señaló Phil Robertson, director adjunto de la sección de Asia de la oenegé Human Rights Watch. "Destruir la democracia birmana significa, en primer lugar, deshacerse de ella, la junta no dejará nada al azar".

Esta pena se suma a los seis años de prisión a los que Aung San Suu Kyi fue condenada entre diciembre y enero, tras ser encontrada culpable de cuatro delitos. (AFP / Archivo)

Muchos otros aliados políticos de Suu Kyi también han sido detenidos desde el golpe, incluyendo un jefe de ministros sentenciado a 75 años de prisión, mientras otros permanecen ocultos. A lo largo del país se han formado varias "Fuerzas de Defensa Popular" (FDP), milicias civiles que buscan combatir a la junta.

Analistas señalan que el ejército birmano, fuertemente armado y bien entrenado, se ha visto sorprendido por la efectividad de las FDP y en algunas áreas luchan para contenerlas. El tumulto que vive Birmania desde el golpe ha espantado a los inversionistas extranjeros, quienes llegaron al país al inicio del período democrático, alrededor de 2011.

Los gigantes energéticos TotalEnergies y Chevron, así como British American Tobacco y la cervecería japonesa Kirin anunciaron planes de retiro. 

La ONU y la Unión Europea piden nuevamente su liberación

La ONU volvió a pedir este miércoles la liberación inmediata de la derrocada líder birmana tras su condena en un proceso que, según la organización, no ha cumplido con los estándares mínimos de derechos humanos.

El vocero Farhan Haq dijo que Naciones Unidas exige la libertad tanto de Suu Kyi como del resto de "presos políticos" detenidos por la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021.

Haq recalcó que el proceso contra la premio Nobel de la Paz no ha cumplido con los estándares fijados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que exige entre otras cosas respeto de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo en un tribunal imparcial e independiente y garantías para la defensa.

Hoy, a través de su vocero, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó una vez más el golpe de Estado y exigió el fin inmediato de la "violencia y la represión" en Birmania. 

En tanto, la Unión Europea afirmó que la condena supone "otro paso" hacia el desmantelamiento de Estado de derecho en Birmania y "otro revés" para la democracia.

Esa condena "representa otro paso hacia el desmantelamiento del estado de derecho y una nueva violación flagrante de los derechos humanos en Myanmar", así como "otro revés importante para la democracia" en desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021", subrayó la vocera de Exteriores del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.

Los veintisiete del Eurogrupo reiteraron, por ello, su llamamiento "urgente" a las autoridades militares a que liberen de forma "inmediata e incondicional" a todos los presos políticos, así como de todos los detenidos "arbitrariamente" desde el golpe de Estado, añadió la vocera del servicio que dirige el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

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