A las pocas horas de la destrucción de la presa de Nova Kajovka, con las consecuencias de verter millones de litros sobre una amplia zona de la Ucrania invadida, ya se empezaba a hablar de un “crimen de guerra” por las consecuencias que se preveían entre la población y la naturaleza.
Y es que de acuerdo a lo reportado en torno a los efectos de la voladura de la enorme construcción, ubicada en las cercanías de la ciudad de Jersón, se pudieron haber cometido violaciones graves a los Convenios de Ginebra, que son los tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar las consecuencias de la guerra principalmente entre la población civil.
En Twitter, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribió el martes que “la destrucción de la infraestructura civil claramente califica como un crimen de guerra, y haremos que Rusia y sus representantes rindan cuentas”.
A la advertencia de Michel se sumó la reacción del canciller británico, James Cleverly, quien resaltó también que “el ataque intencional contra la infraestructura civil es un crimen en guerra”, en una mención velada de Moscú pese a que tanto Estados Unidos como el propio Reino Unido, al menos hasta el mediodía del miércoles, han guardado prudencia para acusar a Rusia de estar detrás del ataque.
Incluso Amnistía Internacional (AI), al referirse a la destrucción de la presa, recordó en información complementaria que “viene documentando crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario desde el comienzo de la invasión en gran escala de Ucrania”.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tuiteó que “el mundo entero conoce este crimen de guerra ruso, el crimen de ecocidio. Esta destrucción deliberada de la presa y otras instalaciones de la central hidroeléctrica por parte de los ocupantes rusos es una bomba medioambiental de destrucción masiva”, y dejó claro que para su gobierno, Moscú está detrás.
Pero también este miércoles el mandatario ruso, Vladimir Putin, habló con distinta óptica al condenar la destrucción de la presa Kajovka, al calificarla como “acto bárbaro” realizado, según él, por Ucrania para provocar “una gran catástrofe ecológica y humanitaria”.
Entonces, ¿quién está detrás de su destrucción? Por un lado, Kiev argumenta que los rusos volaron la represa para impedir la contraofensiva ucraniana; por el otro, Moscú afirma que fue el gobierno de Zelensky el que realizó el ataque para impedir su avance.
¿Qué son las leyes de guerra?
De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “las leyes de la guerra, o el Derecho Internacional Humanitario (tal como se lo conoce formalmente) son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado”.
La Cruz Roja es contundente: “Nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra”
Justo los Convenios de Ginebra (firmados en 1949 y ratificados por 196 países, incluyendo a Rusia y Ucrania), forman la estructura del derecho internacional humanitario.
Sobre el tema de considerar la destrucción de la hidroeléctrica, ubicada en el sur del territorio ucraniano, como un crimen de guerra, Marie Struthers, directora regional de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, recordó que “las normas del derecho internacional humanitario protegen específicamente las presas debido a los peligros que su destrucción conlleva para la población civil. La destrucción de la presa de Kajovka es una catástrofe que pone en peligro la vida”.
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¿Qué es un crimen de guerra?
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como crimen de guerra las “graves violaciones” a los Convenios de Ginebra.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declara que el término de crímenes de guerra “se refiere a las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado”.
Entro los crímenes de guerra se estipulan el asesinar o maltratar a los prisioneros en actos bélicos, el genocidio y la destrucción “injustificada de poblaciones, entre otros.
En concreto, la destrucción de Nova Kajovka se puede contemplar como un crimen de guerra debido a que deja de cumplir con el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, firmado en 1977, al romper por lo menos tres artículos de forma indirecta y uno de manera muy clara.
El primero de ellos, el artículo 52, que trata de la protección general de los bienes de carácter civil, recuerda que “los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares”.
El artículo 54, establece por su parte en el párrafo segundo que “se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”.
Las graves inundaciones provocadas por la destrucción de la cortina de la presa se contemplan en el artículo 55, que advierte que “en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves”.
La agencia AP cita a la alcaldía pro rusa de la zona de la presa que asegura que el Parque Nacional de Jersón, de más de 80 mil hectáreas, fue severamente afectado “y miles de animales murieron”.
Pero el más contundente es el artículo 56, que habla de la “protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas”.
El texto, especifica que “las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares”.
El hecho advierte que la cortina fue parte de un objetivo militar de graves consecuencias para la flora y la fauna, la agricultura, los animales domésticos y para la población civil de la zona.
Lo que queda por definir es de dónde vino la orden para hacer volar la presa, si desde Moscú o por parte de los ucranianos, y que la comunidad internacional actúe en consecuencia y con responsabilidad para hacer valer los Convenios de Ginebra.
SNGZ