Estados Unidos levantará el jueves por la noche las restricciones fronterizas conocidas como Título 42, un cambio importante que ha atraído a decenas de miles de migrantes a la frontera con México, tensando a las comunidades locales e intensificando las divisiones políticas.
El número de migrantes capturados cruzando ilegalmente ha aumentado en las últimas semanas, con detenciones diarias que superaron las 10 mil el lunes y el martes. Las ciudades fronterizas estadunidenses se han esforzado por acoger a los recién llegados y proporcionarles transporte hasta sus destinos.
El miércoles por la mañana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos tenía bajo custodia a más de 28 mil migrantes, mucho más de su capacidad declarada y en lo que parecía ser un récord, dijo un funcionario estadunidense que solicitó el anonimato para discutir las operaciones internas.
La CBP no respondió a una solicitud de comentarios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que su gobierno está cooperando con el de Estados Unidos para que no haya caos ni violencia en la frontera común con la aglomeración de migrantes en la zona, en el contexto del retiro de la prohibición pandémica conocida como Título 42.
El mandatario agregó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, que limita con Guatemala. Además, instó a su homólogo estadunidense Joe Biden a que busque acuerdos con Cuba, Venezuela y otros países de la región para que sus ciudadanos no tengan necesidad de migrar.
Más temprano, el papa Francisco hizo un llamado a los países para que gestionen lo mejor posible las oleadas de migrantes y amplíen los canales para su circulación segura y regular, mientras Estados Unidos se enfrenta a un aumento de las llegadas a su frontera sur.
Ante las escenas caóticas en la frontera mexicano-estadunidense, el gobierno de Biden está aumentando el personal y los fondos destinados a la frontera, al tiempo que aplica una nueva normativa que denegará el asilo a la mayoría de los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente.
La nueva medida entrará en vigor cuando expire el Título 42, junto a la emergencia de salud pública por el covid-19.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dijo que la nueva norma supondrá consecuencias más duras para los migrantes que crucen ilegalmente y sean detenidos, ya que podrían ser deportados y tener prohibida la entrada a Estados Unidos durante cinco años si no cumplen los requisitos para obtener asilo.
Los republicanos culpan a Biden, un demócrata que busca la reelección en 2024, por desechar las políticas restrictivas del expresidente republicano Donald Trump, favorito para ganar la nominación presidencial de su partido.
No obstante, en los últimos días, los funcionarios del gobierno del demócrata han intensificado sus ataques contra los republicanos, afirmando que no arreglaron las leyes de inmigración ni proporcionaron fondos fronterizos suficientes.
"Pedí al Congreso mucho más dinero para la Patrulla Fronteriza. No lo hicieron", dijo Biden a periodistas el miércoles.
El gobierno buscó más de 4 mil millones en diciembre para hacer frente a un sistema de inmigración que no funciona, afirmó Mayorkas el miércoles.
"Recibimos aproximadamente la mitad de lo que solicitamos, la mitad de lo que necesitábamos", explicó en una conferencia de prensa.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la organización empresarial más grande del mundo, instó al Congreso a proporcionar "muchos más recursos" para la frontera y expandir la inmigración legal.
"El Congreso no puede quedarse de brazos cruzados y dejar que este desorden continúe", señaló el vicepresidente ejecutivo de la cámara, Neil Bradley, en un comunicado.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, pretende aprobar el jueves un proyecto de ley que endurecería la seguridad fronteriza y restringiría el acceso al asilo, pero se enfrentaría a una ardua batalla en el Senado, donde los demócratas tienen una estrecha mayoría.
Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, el país ha sido testigo de un récord de 4.6 millones de detenciones de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, aunque el recuento incluye a muchos que lo hacen repetidamente. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada esta semana mostró que sólo el 26 por ciento aprobaba la gestión de Biden en materia de inmigración.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott, feroz crítico de las políticas fronterizas de Biden, amplió esta semana un despliegue en curso de la Guardia Nacional "para ayudar a interceptar y repeler a grandes grupos de migrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas".
Cuando se le preguntó el miércoles si las tropas de la Guardia Nacional de Texas estaban sobrepasando los límites legales al asumir tareas de vigilancia fronteriza, Mayorkas dijo que se remitía al Departamento de Justicia.
Niños pequeños
El gobierno de Biden ha declarado que endurecerá la aplicación de la nueva norma de asilo, por lo que algunos inmigrantes se han apresurado a cruzar la frontera mientras el Título 42 sigue en vigor.
Cientos de migrantes en San Diego, California, entre ellos muchos niños pequeños, han quedado atrapados en tierra de nadie entre dos altos muros fronterizos, a menudo durante días, mientras esperan a ser procesados por los desbordados agentes fronterizos estadunidenses.
El miércoles, voluntarios del lado estadunidense pasaron bocadillos por los huecos del muro y dijeron que las condiciones entre los dos muros eran "precarias", mientras reinaba la confusión por el cambio de política.
Joshua, un inmigrante de 23 años procedente de Venezuela que pidió a Reuters que utilizara sólo su nombre de pila, esperaba entrar en Estados Unidos antes del cambio de política. Viajó a la frontera en Tijuana, México, sin su esposa e hija, no queriendo llevarlas a través de una peligrosa selva que separa Colombia y Panamá, dijo.
"Con la protección de Dios, nada es imposible", añadió.
Otro migrante venezolano, Luis Rivero, hablando a través de la valla fronteriza que separa Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas, dijo esta semana que quería cruzar ahora porque la nueva política "será más estricta".