Una jueza estadunidense respondió a un reclamo del gobierno de Donald Trump, que argumentó que acelerar la reunificación de las familias migrantes separadas en la frontera con México ponía a los niños en peligro, afirmando que la administración había malentendido sus órdenes o estaba "desafiándolas".
El mes pasado, en un caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles, la jueza distrital Dana Sabraw ordenó al gobierno reunir a los cerca de 2 mil 500 niños y padres separados como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca por combatir la migración ilegal.
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Trump decidió abandonar la polémica práctica el 20 de junio, en medio de las fuertes críticas de la opinión pública, y ahora el gobierno tiene problemas para reunir a las familias a tiempo para cumplir con lo dictaminado por el tribunal, que dio plazo hasta el 26 de julio.
Sabraw ordenó que el gobierno eliminara los trámites excesivos para garantizar la reunificación, como chequeos de antecedentes de todos lo adultos con quienes determinado niño podría tener que vivir.
Ayer, Chris Meekins, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que ubica a los niños detenidos, describió en un documento enviado a la corte la manera en que la agencia intentaba cumplir con los nuevos protocolos que buscan acelerar los casos de reunificación.
Indicó que el nuevo reglamento emitido por la magistrada ponía "en riesgo" a menores porque "podríamos terminar enviándolos con padres cuya identidad no ha sido verificada o dejarlos en ambientes donde podrían sufrir abusos".
En una orden para responder al documento, emitida el mismo viernes por la noche, Sabraw acusó a funcionarios del gobierno de "querer buscar un fachada (...) para su conducta en la práctica de la separación de familias" y criticó su "falta de previsión y de infraestructura necesaria para remediar el caos provocado por esa práctica".
"La reunificación de los familiares puede, y podrá llevarse a cabo de forma segura y a tiempo antes del plazo impuesto por esta corte", dijo Sabraw, destacando que el nuevo protocolo se rige bajo las normas actuales de la agencia de inmigración estadunidense.
"No hay razones para que este objetivo no pueda cumplirse en vista de los vastos recursos de los que dispone el gobierno federal".
Durante una audiencia el viernes, la magistrada también ordenó al gobierno pagar los costos de la reunificación, en lugar de cobrárselos a los padres.
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