Beatriz, la joven que alzó la voz para garantizar el derecho al aborto en El Salvador

Beatriz tenía 22 años cuando estaba enferma de lupus y resultó embarazada por segunda vez de la hija que tuvo que ver morir tan solo cinco horas después de nacida.

Manifestación feminista en El Salvador sobre caso Beatriz (EFE)
Azucena Rangel
Ciudad de México, México /

En 2013 Beatriz intentó acceder a un aborto en El Salvador ya que su embarazo era de alto riesgo, sin embargo las autoridades y médicos se lo negaron, ya que el país tiene uno de los códigos penales más restrictivos en la materia; por lo cual Beatriz tuvo que concluir su embarazo y ver a su hija morir tan solo cinco horas después de haberla dado a luz, ya que venía con malformaciones craneoencefálicas que le impedían la vida fuera del vientre.

Beatriz tenía 22 años y estaba enferma de lupus cuando resultó embarazada por segunda vez, la joven tenía claro que este embarazo podría costarle la vida ya que cuando tuvo a su primer hijo este nació por parto prematuro debido a complicaciones de salud; y aunque los médicos reconocieron que el aborto si era una opción para preservar su vida, ninguno estuvo dispuesto a practicarlo debido a las repercusiones legales que esto podría tener.

"Cualquier mujer que enfrente una situación como la que tuvo Beatriz, ve impedidos la posibilidad de recurrir al sistema de salud y que ningún médico o médica se va a arriesgar a ser sometida a un proceso penal", precisó Morena Herrera, activista salvadoreña.

Ante esto la joven comenzó una lucha ante tribunales e instancias internacionales para lograr que se le permitiera abortar, sin embargo aunque en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que era atentatorio contra sus derechos que se le negara acceder a este servicio de salud, el país no acató la recomendación de este organismo bajo el argumento de que en sus leyes de protege a la vida desde la concepción.

Y aunque Beatriz no logró acceder a la interrupción del embarazo no se dio por vencida y decidió continuar con su lucha para que el tema de la penalización y criminalización del aborto hiciera eco no solo en El Salvador sino en toda Latinoamérica.

Manifestación feminista en El Salvador sobre caso Beatriz (EFE)

La joven falleció en 2017 a consecuencia de un accidente sin poder ver un verdadero cambio respecto a este tema en su país; sin embargo las colectivas no soltaron su lucha y a 10 años de que se le negó el acceso al aborto, lograron que el caso fuera atraído por la (CIDH), siendo la primera vez que se discute un caso sobre la penalización absoluta del aborto.

"No es un capricho de las feministas salvadoreñas el estar en la Corte Interamericana, es la familia de Beatriz que después de su muerte retomó el caso y como decía la madre de Beatriz, si mi hija no tuvo miedo porque yo voy a tener miedo", precisó Keyla Cáceres, activista salvadoreña.

Durante la audiencia estuvieron presentes ambas posturas, quienes defienden que lo ocurrió con Beatriz es consecuencia de una criminalización y estigmatización del aborto que prevalece principalmente en países de Centroamérica; mientras que el gobierno salvadoreño argumentó que en este caso pese a que Beatriz ya había decido abortar, ellos solo cumplieron con su legislación que asegura protege a las dos vidas.

"El Estado respetó el derechos a la vida de Beatriz y de Leilani ya que ninguna fue privada arbitrariamente de su vida, sino que el tratamiento implementado permitió preservar con éxito, ambas vidas", precisó Ana Idarraga, abogada representante de la delegación de El Salvador.

Sobre este caso se prevé que la corte dicte sentencia a fin de año y de ser favorable para Beatriz, El Salvador tendría que garantizar el acceso al aborto seguro y libre; y en caso de incumplirlo, podría incurrir en un ilícito internacional y deberá ofrecer a los afectados garantías de no repetición así como la reparación integral del daño.

Aunque este sentencia solo podrá beneficiar de manera directa a las mujeres salvadoreñas, esto podría dar pie a que en otros países de Latinoamérica se abran al debate sobre la despenalización del aborto, ya que se estaría reconociendo que es atentatorio contra los derechos humanos prohibir el aborto.

"Esperamos que una vez emitida la sentencia, tenga un impacto en las leyes restrictivas de la región y en ese sentido se pueda impulsar que se minimice el uso del derecho penal en contra de las mujeres para restringirles este servicio de salud", puntualizó Marisol Escudero, integrante de IPAS Latinoamérica y el Caribe.

aag

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