Una jueza federal de Estados Unidos ordenó, el martes 25 de febrero, el bloqueo indefinido del plan del gobierno de Donald Trump de congelar la concesión de subvenciones y fondos federales para programas de salud o educación en el país.
La magistrada Loren Alikhan, del Distrito de Columbia, que ya había congelado la medida, de manera cautelar, semanas antes, aceptó la demanda presentada por el Consejo Nacional de Organizaciones No Lucrativas, la mayor red de ONG de Estados Unidos.
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¿En qué consistía la demanda?
La demanda pedía que se prohibiera de manera preliminar a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) implementar las directivas establecidas en un memorando del 27 de enero.
Ese documento requería que las agencias federales revisaran todos los programas de asistencia financiera y que suspendieran la distribución de fondos mientras se llevaba a cabo la mencionada revisión.
¿Cómo objetó la magistrada?
Además, la jueza ordenó a la OMB que proporcione una notificación escrita de la orden emitida a todas las agencias a las que se envió el citado memorando e instó a estos organismos a que continúen desembolsando los fondos de aquellos programas que se vieron congelados.
Por último, el mandato preliminar ordena que las partes implicadas se reúnan para presentar antes del primero de marzo un informe conjunto que proponga los próximos pasos a seguir en este procedimiento.
En su escrito, Alikhan indicó que los demandantes presentaron pruebas que muestran claramente que la congelación de fondos "sería económicamente catastrófica", y concluyó que el "pánico nacional y el caos generalizado" causado por el plan de congelar fondos y subvenciones motivaron su dictamen en favor del interés público.
¿Cómo nació ese proyecto de Trump?
El proyecto se enmarcaba en la agresiva iniciativa de Trump de revisar el funcionamiento de la Administración pública en Estados Unidos.
El gobierno lo había justificado argumentando que es necesario garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
La orden ejecutiva buscaba retrasar el desembolso de miles de millones de dólares para diversos programas, incluidos los de préstamos estudiantiles.
Se estimaba que afectaría gravemente a investigación sanitaria, asistencia alimentaria o a organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad, así como al envío de ayudas para aliviar los efectos de los recientes incendios de California.
MD