La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas relanzada por el presidente Lula da Silva, considerada clave para proteger a los pueblos originarios y la Amazonía.
El texto, aprobado por 283 votos contra 155, establece que las tierras reservadas a las comunidades originarias deben restringirse a aquellas ocupadas por indígenas al momento de la promulgación de la Constitución vigente, en 1988.
El proyecto, que todavía debe ser sometido al Senado para convertirse en ley, fue impulsado por diputados afines al agronegocio y a otros grupos opositores, y supone un revés para las promesas medioambientales del líder izquierdista.
Según los científicos, la demarcación de tierras indígenas es una barrera fundamental al avance de la deforestación en la Amazonía, la mayor floresta tropical del mundo.
Las comunidades indígenas rechazan el proyecto que establece un "marco temporal", argumentando que tienen derecho a sus territorios originales, independientemente de la ocupación en 1988.
Asociaciones y activistas alegan que muchos pueblos no ocupaban ciertos territorios ese año porque habían sido expulsados, especialmente durante la última dictadura militar (1964-1985).
En Brasil hay un total de 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio de ellos aún no han sido demarcados, según cifras de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).
Lula reconoció en abril seis nuevos territorios, los primeros en cinco años, tras una parálisis durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Exterminio
La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, dijo que "la mayoría del Congreso votó contra los pueblos indígenas y la naturaleza".
"No vamos a detenernos. Tenemos el Senado por delante y mucho diálogos para garantizar la preservación de nuestras vidas y territorios. No aceptaron un Brasil sin pueblos indígenas", tuiteó la ministra.
La votación en la Cámara de Diputados generó protestas en Brasil y llamó la atención de oenegés y activistas internacionales, como los actores estadounidenses Leonardo Di Caprio y Mark Ruffalo.
"Hay una guerra contra los pueblos indígenas y las selvas. Nuestro planeta está en riesgo. Lula, sea el héroe que su pueblo eligió, impida (el avance) del proyecto", tuiteó Ruffalo en vísperas del debate.
Antes de la votación, un centenar de indígenas bloquearon momentáneamente la madrugada del martes una carretera en las afueras de Sao Paulo, antes de que la policía los dispersó con gases lacrimógenos, según imágenes difundidas por la TV local.
Organizaciones como Greenpeace o el Observatorio do Clima, que calificó este martes como un día "vergonzoso" para la historia del Parlamento, rechazan el proyecto.
"La Cámara de Diputados dio un recado al país y al mundo: Bolsonaro se fue, pero el exterminio continúa. (..) El Senado tiene la obligación de revertir los absurdos aprobados", expresó el Observatorio en una nota.
Tratamiento "urgente”
El proyecto aprobado el martes fue presentado originalmente en 2007, pero cobró protagonismo durante la presidencia de Bolsonaro, un defensor de la explotación de los recursos naturales dentro de reservas indígenas.
La semana pasada, una mayoría de 324 contra 131 diputados logró que el proyecto regresara al tapete para ser votado con "urgencia" por el plenario esta semana.
El objetivo es adelantarse a una posible decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) contra la tesis del marco temporal, prevista para el 7 de junio.
"Espero que el STF tenga la sensibilidad de ver que el proceso está avanzando en la Cámara y no tiene sentido que cumpla un papel (que es) de ella", dijo este martes a la prensa el diputado conservador Arthur Maia, relator del proyecto.
En paralelo, el Congreso podría todavía aplicar una nueva derrota a Lula si aprueba esta semana modificaciones a la estructura del gobierno, también impulsadas por la bancada ruralista, que diluyen el poder de los ministerios de Medio Ambiente -conducido por la ambientalista Marina Silva- y de los Pueblos Indígenas.
La cartera ambiental, por ejemplo, perdería sus competencias sobre el registro de tierras rurales, clave en el monitoreo y el combate a la deforestación ilegal, y sobre la gestión de los recursos acuíferos.
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