Los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox firmaron una carta junto a otros 24 ex dirigentes conservadores solidarizándose con el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, ante la posibilidad de que éste reciba un juicio político.
El pasado miércoles, una comisión parlamentaria anticorrupción, impulsada por la oposición, recomendó abrirle un juicio político al presidente Lasso.
Ante esto, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresó su preocupación "sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional de Ecuador de destituir al presidente Guillermo Lasso".
Además de los mexicanos, el documento está suscrito por el actual ejecutivo de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el ex presidente del Gobierno de España José María Aznar, y por tres ex mandatarios ecuatorianos: Osvaldo Hurtado (1981-1984), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lenín Moreno (2017-2021).
Entre los ex presidentes que también lo suscriben están los colombianos César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, los chilenos Eduardo Frei y Sebastián Piñera, el uruguayo Julio María Sanguinetti y los bolivianos Carlos Mesa y Jorge 'Tuto' Quiroga.
También los panameños Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso, Ernesto Pérez Balladares y Juan Carlos Varela, los costarricenses Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, los paraguayos Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy, y el salvadoreño Alfredo Cristiani.
El pronunciamiento de IDEA reclama que se respete los periodos para los que fueron elegidos los presidentes, que en el caso de Lasso culmina en 2025.
"No conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República", añadió el manifiesto.
Supuesta corrupción
La investigación gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al partido gobernante.
Rubén Cherres también fue objeto de una investigación policial archivada por su presunta relación con una red de narcotráfico.
La Constitución ecuatoriana establece que, "para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional".
aag