La Fiscalía del Tribunal de Cuentas confirmó que 35 ex altos cargos del Gobierno de Cataluña, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas deberán pagar 3.1 millones de euros por el dinero público desviado para la organización del referéndum de independencia del 2017 y la promoción del proceso soberanista de dicha región española.
El representante del órgano fiscalizador ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, presentó su informe de conclusiones en el que reiteró que los políticos independentistas deben responder económicamente por el uso irregular de esos fondos a pesar de que la ley de amnistía registrada en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) especifica que también se anulará el alcance contable del proceso independentista.
El representante del Ministerio Público insistió en que “el menoscabo es real y efectivo” y “se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio”.
Defendió que está acreditado que “fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta”.
De esta manera, la Fiscalía considera pertinente mantener su reclamación de 3.1 millones de euros: 883 mil 695 euros por los gastos de referéndum y 2 millones 209 mil 503 euros por los gastos de acción exterior.
Martín-Granizo afirmó que la ley de amnistía “es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance”. En consecuencia, considera que subsisten las “razones” que esgrimió cuando, durante el juicio, se posicionó en contra de suspender el procedimiento.
En lo relativo a los gastos del referéndum de 2017, el fiscal entiende que “aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta”.
En la lista también figuran el ex vicepersidente catalán Oriol Junqueras; ex consejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados del gobierno catalán en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Ahora, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien y, después, dictará sentencia.
SNGZ