Miles de agricultores de toda España, convocados a través de redes sociales y grupos de whatsapp, bloquean las carreteras de muchas provincias y los principales accesos a las ciudades para pedir mejoras en el campo y protestar por las políticas agrarias de la Unión Europea.
La protesta de hoy se produce al margen de la convocatorias de las principales organizaciones agrarias españolas, que ya tienen previstas para los próximos días, y es el preludio de la gran manifestación con tractores anunciada para el próximo 21 de febrero ante el Ministerio español de Agricultura, en el centro de Madrid.
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Los agricultores, que cuentan con el respaldo de la llamada Plataforma en Defensa del sector del transporte -que han anunciado paro indefinido a partir del sábado- han recibido también el apoyo de algunas cooperativas que cerraron este martes en solidaridad con su protesta.
En La Rioja (norte), una región donde la agricultura tiene un gran peso, la protesta se produjo sin haberla comunicado a las autoridades, por lo que no tiene autorización para cortar el tráfico, al igual que sucede en Zaragoza (noreste), donde los tractores bloquearon a primera hora de la mañana el acceso al mercado mayorista de la ciudad.
También en Cataluña (noreste), Valencia (este), Andalucía (sur), Murcia (sureste) o Navarra (norte) los tractores bloquearon acceso a grandes ciudades como Valencia o el puerto de Málaga (sur).
El Ministerio del Interior aseguró este martes que establecerá los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el derecho de manifestación de los agricultores sin que el ejercicio de estas protestas en las carreteras altere la convivencia ciudadana.
Los agricultores reivindican la rebaja de las exigencias de la Política Agraria Común (PAC), el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria -que elimina la llamada 'venta a pérdidas' de los agricultores-, el mantenimiento de la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola y ayudas por la sequía que sufre España.
Las movilizaciones agrarias de España se suman a las que se están produciendo en otros países de Europa estos días, sobre todo en Francia, Portugal o Italia.
El Ministerio español de Agricultura insistió hoy en las ayudas que están dando para apoyar el sector, que cifran en cerca de 4 mil millones de euros para agricultores y ganaderos en los últimos dos años, de los que mil 380 millones de euros fueron ayudas directas extraordinarias.
Entre los motivos de las protestas, está la asfixia del campo por las medidas medioambientales interpuestas desde Bruselas.
Este mismo martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que retirará la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, cuya tramitación en su forma actual fracasó en el Parlamento y el Consejo, y prometió que involucrará más al sector agrícola en la redacción del próximo borrador.
Convocan a movilizaciones agrícolas españolas en redes
El sector agrario pide cambios en las normativas ambientales europeas, más protección, menos burocracia, precios justos, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) europea y ayudas por la sequía.
Con tractores y camiones los agricultores cerraron algunas de las principales carreteras de la península. Las protestas son encabezadas por productores independientes convocados por las redes sociales.
Los manifestantes señalaron un enemigo: la Política Agraria Común europea y el aumento de la burocracia que trajo su reforma en 2021.
A este frente se suma las críticas a las importaciones agrícolas baratas que llegan desde países de fuera del club comunitario, precios con los que el campo español no puede competir. También exigen una solución para las subidas de costes de las materias primas y que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
La reunión entre el ministro de Agricultura de España, Luis Planas, y los agricultores el pasado viernes no fue suficiente como para desconvocar las protestas.
El Gobierno, les entiende
El ministro se comprometió con los agricultores a defender sus intereses ante la Unión Europea (UE), algo que las asociaciones agradecieron, pero ven insuficiente.
“El Gobierno está dispuesto a continuar trabajando con las organizaciones agrarias y el sector para avanzar en el futuro. Agricultores y ganaderos quieren que se les escuche, comprenda y respete. Esa es la actitud del Gobierno de España y estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones”, subrayó Planas.
“Estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos dispuestos a trabajar con ellos para la solución de los mismos”, reiteró. En ese sentido, afirmó que defenderá los intereses del campo español en la Unión Europea y apuntó a que hay que hacer un seguimiento estricto de los acuerdos firmados con terceros países.
Aunque las manifestaciones de hoy han sido convocadas de manera independiente, desde Asaja, la más conservadora de las tres grandes patronales, plantean un discurso abiertamente escéptico con el cambio climático. Critican el “absurdo medioambientalismo” de la PAC a cuya burocracia culpan de que los agricultores no puedan seguir adelante. Desde COAG, hablan de “asfixia normativa” por una legislación que está hecha “a espaldas de la realidad agraria”.
Asimismo, exigen que las importaciones agrícolas que lleguen desde terceros países cumplan los mismos requisitos que se demandan a los agricultores españoles. Este es, precisamente, el mismo argumento que enarbolan los agricultores franceses contra los productos españoles, una comparación que las asociaciones agrarias peninsulares rechazan.
En COAG también reclaman que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que obliga a que se tengan en cuenta los costes de producción en cada eslabón a la hora de fijar los precios.
“No hay razón para que en España se estén pagando ciertos productos a una ridiculez total que no llega ni a los costes de recolección y tengamos los lineales (estanterías de los supermercados) a unos precios abusivos”, señalan. A estos problemas se suma la sequía, que está causando importantes pérdidas en cultivos como el cereal.
La necesidad de adaptación al cambio climático y la decadencia del sector agrario se entrecruzan en este conflicto. La última reforma de la PAC europea, aprobada a finales de 2021, introdujo un nuevo sistema de incentivos (conocidos como “eco-esquemas”) para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE.
Parte de las ayudas de la PAC -que son fundamentales para que el campo sea rentable- están condicionadas al cumplimiento de esos eco-esquemas, que implican una mayor carga burocrática y el cumplimiento de algunas condiciones que restan capacidad de producción a las explotaciones. Ante el aluvión de quejas recibidas, la Comisión Europea decidió suprimir durante un año la exigencia de dejar parte de los cultivos en barbecho para renovar la tierra.
CHZ