Son varias denuncias de violación sexual en las esferas del Parlamento de Australia las que han desatado un escándalo afectando directamente la gestión del mandatario, Scott Morrison, donde una de ellas también está dirigida contra un ministro, un hecho que, pese a la gravedad del asunto, el líder del país ha decidido por desmarcarse hoy al decir que la Policía investiga las acusaciones.
La mayoría de los casos son recientes y muchos especialistas han cuestionado la actitud de gobierno de Morrison, que en vez de buscar resolver los casos los está deslindado a otras instituciones.
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Una de esas analistas es la politóloga Maria Maley, de la Universidad Nacional Australiana (ANU, por sus siglas en inglés), quien afirma que los las denuncias "han impactado en la imagen de Morrison porque no las está gestionando bien" , al acotar que el gobierno afronta "un problema moral y ético" frente a la complicada denuncia contra su ministro.
El miembro del gabinete, quien no ha sido identificado para proteger su presunción de inocencia, fue acusado de violar a una adolescente de 16 años en 1988, antes de que éste entrara a la política, según una carta dirigida a Morrison sobre los hechos y que se hizo pública el viernes por la noche.
El Ejecutivo afronta fuertes críticas desde que a mediados de febrero una ex asesora del Partido Liberal de Morrison denunció haber sido violada en 2019 por un antiguo compañero de trabajo en el Parlamento, a lo que siguieron otras tres denuncias contra este hombre y una posterior contra un diputado opositor.
Morrison mantiene al sospechoso en el cargo
La presunta víctima del ministro, quien el año pasado había denunciado el incidente a la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, se quitó la vida antes de cumplir los 50 años, por lo que su caso fue archivado a raíz del deceso.
El miembro del gabinete acusado "ha negado vigorosamente estas acusaciones", dijo hoy Morrison, que mencionó que mantendrá en el cargo al ministro denunciado mientras se investiga el caso.
"En este país tenemos un estado de derecho y es adecuado que estas denuncias sean referidas a la Policía Federal, como se han hecho. Ellos son las personas competentes y autorizadas en la gestión de estos asuntos de gravedad y sensibilidad", apuntó Morrison.
Amagan con revelar el nombre del sospechoso
La senadora del Partido Verde, Sarah Hanson Young, afirmó hoy que no descarta la posibilidad de revelar el nombre del ministro amparándose en sus privilegios parlamentarios que le conceden inmunidad judicial.
"Tenemos que entender que existe una crisis de integridad sobre este gobierno y el gabinete de Morrison. Mientras el acusado siga y se rehúse su cese, no se cuán seriamente se toma este gobierno este caso", dijo la senadora a la cadena local ABC.
Para el abogado Michael Bradley, que representa a la presunta víctima, "el asunto no puede resolverse mediante un proceso penal", según declaró al mismo medio, al insistir que "desde el punto de vista político y ético, las acusaciones no pueden ignorarse".
Maley recalcó que estos casos de violaciones en los centros de trabajo responde a "un ambiente político donde hay privilegios, mucho secretismo y un desequilibrio fundamental de poder entre un legislador y su empleado".
Australia comienza a reconocer estas situaciones como "un problema", aunque continúa rezagada con respecto a las medidas adoptadas por los Parlamentos de Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá para poner freno al acoso sexual.
OMZI