El presidente chileno Gabriel Boric anunció que, por primera vez, el Estado buscará a más de mil 100 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet a través de un plan nacional de búsqueda.
El mandatario eligió el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para cumplir una de sus promesas de gobierno.
Hasta ahora la búsqueda había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
Boric prometió además que se destinarán 14 mil millones de pesos chilenos (unos 301 millones 502 mil pesos mexicanos), para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que exhibe retrasos en los peritajes en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
El plan “busca que esa responsabilidad (de búsqueda) sea una obligación permanente del Estado”, de acuerdo con el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante su lanzamiento en el palacio presidencial de La Moneda.
“Fue el Estado con sus funcionarios quienes cometieron esos crímenes y es el Estado, con sus recursos, el que tiene que realizar la búsqueda”, agregó.
Luis Cordero aseguró que entre los miembros y ex integrantes de las Fuerzas Armadas es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 40 mil víctimas, entre ellas al menos 3 mil 200 opositores asesinados de los que mil 469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros mil 162 desaparecidos, según las últimas cifras oficiales.
“Es una manera no sólo de reparar a las víctimas sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva”, sintetizó Cordero, emocionado. Dos de sus tíos abuelos figuran entre decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El lanzamiento del programa fue un proceso de varios meses y 67 reuniones con más de 700 personas, organizaciones de familiares y de derechos humanos.
En el pasado las autoridades hicieron algunos esfuerzos infructuosos para ubicar a los desaparecidos. En 1991 se hallaron los restos de 126 personas en 107 tumbas que se creía que eran de opositores a la dictadura.
Aunque el gobierno de entonces anunció que habían sido identificados e incluso los entregó a sus familiares, en 2006 se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver los restos al instituto forense.
Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos volvieron al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile y se sumaron a muchas más aún pendientes de peritar.
Boric recordó a comienzos de junio en su discurso a la nación que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los esfuerzos y recursos para que los desaparecidos “puedan descansar en paz. Mientras ellos sigan faltando, Chile está incompleto”.
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SNGZ